Hay palabras que no describen: condenan. En política exterior, Estados Unidos ha perfeccionado un repertorio de etiquetas peyorativas capaces de convertir un conflicto complejo en una sentencia breve, fácil de repetir y difícil de discutir. “Estado patrocinador del terrorismo”, “estado fallido”, “régimen”, “narco-estado”, “síndrome de La Habana” se pronuncian como si fueran diagnósticos objetivos, pero operan —en la práctica— como herramientas de poder.
Leídas desde la teoría del encuadre (framing), estas fórmulas funcionan como marcos interpretativos que seleccionan y jerarquizan rasgos del país etiquetado para definir el problema, atribuir causas, emitir un juicio moral y sugerir remedios, según la definición clásica de Robert Entman (1993).
A la vez, desde la teoría de la seguritización (Security) en Relaciones Internacionales, las etiquetas pueden funcionar como actos de habla que convierten una disputa política en “amenaza existencial”, justificando medidas excepcionales y desplazando la discusión hacia la lógica de emergencia (Buzan, Wæver y de Wilde, 1998). En su dimensión sociológica, conectan además con la teoría del etiquetado (Becker, 1963) y con la noción de estigma (Goffman, 1963): marcas que degradan la legitimidad, condicionan el trato institucional y restringen el acceso a recursos.
En suma, la evidencia teórica es consistente. Estas etiquetas no solo ordenan titulares, fijan consensos y legitiman sanciones, sino que preparan el terreno para la agresión, incluida la militar. En la conversación pública sobre Cuba, estas fórmulas no aparecen solo en discursos oficiales. Circulan en medios, redes y búsquedas masivas, y eso permite observar su recorrido.
En este análisis llamaremos “propaganda de etiquetas” al uso sistemático de rótulos geopolíticos que empaquetan una valoración política y moral en una fórmula corta. Su función no es la precisión conceptual, sino el enmarcado: al etiquetar una realidad orientan la interpretación y, de paso, sugieren una respuesta.
Estados Unidos y la política de nombrar para actuar
En los años noventa, ya sin la URSS como gran antagonista, Washington necesitaba un nuevo mapa moral para ordenar su política exterior. La administración Clinton encontró en la etiqueta “rogue states” —“estados canallas”— una herramienta extraordinariamente eficaz. Utilizaron un rótulo breve que permitía agrupar países distintos bajo un mismo marco de amenaza, sostener sanciones y justificar la lógica de la contención sin entrar en matices incómodos.
El problema es que esa misma eficacia tuvo un costo. Una vez fijado un país como “canalla”, cualquier gesto de diplomacia pasa a leerse como concesión o debilidad. No es casual que, con el tiempo, el propio Departamento de Estado intentara rebajar el voltaje del término y anunciara que dejaba de usar “rogue state” para sustituirlo por “states of concern” (“países de especial preocupación”), asumiendo que el rótulo se había convertido en un obstáculo político y diplomático.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush llevó esa propaganda de etiquetas a un registro todavía más moralizante. Con el “axis of evil” (“eje del mal”) en 2002, la Casa Blanca no solo señalaba a los adversarios: los colocaba en un relato de guerra total, donde “el mal” sustituía al análisis y la excepción se volvía norma.
La etiqueta simplificaba el mundo para gobernarlo —y para movilizar apoyos internos—, pero encarecía la política exterior: endurecía posiciones, estrechaba salidas diplomáticas y trasladaba el conflicto a un terreno emocional que polariza tanto fuera como dentro de los países etiquetados. El costo, por tanto, no fue solo retórico, significó la pérdida de grados de libertad para la negociación y mayor fricción con terceros que podían compartir objetivos parciales, pero no el marco moral absoluto.
Desde entonces, el patrón se repite con regularidad. La etiqueta aparece en boca de un alto funcionario, en un documento oficial o en una tribuna política de gran visibilidad; luego se reproduce en cadena —vocerías, think tanks, editoriales, agencias, redes— hasta normalizarse. Y ahí ocurre lo decisivo, que la etiqueta empieza a administrar el conflicto.
La secuencia típica es conocida: se nombra; se amplifica; se codifica (listas, sanciones, restricciones); se externaliza el costo (bancos, navieras y empresas se apartan por miedo a riesgos); y, finalmente, se cierra el círculo, cuando el daño resultante se usa como “prueba” del rótulo (“si colapsa, es fallido”; “si nadie comercia, es terrorista”; “si hay escasez, es incapaz”).
El efecto político es doble: dentro de Estados Unidos fabrica consenso; fuera, presiona a terceros y produce aislamiento, incluso sin necesidad de bloqueos explícitos.
Cuba, laboratorio de la propaganda de las etiquetas
Cuba ocupa un lugar singular porque confluyen etiquetas de distinto tipo: algunas son “marca” mediática, otras son categoría administrativa y otras son el insulto político normalizado. En conjunto, la propaganda de etiquetas forma un ecosistema de estigmatización capaz de operar a varias velocidades.
Para observar cómo este ecosistema se despliega en el espacio público digital, combinamos dos herramientas complementarias: Google Trends, que permite reconstruir el interés histórico y geográfico por términos como “Havana syndrome”, “estado fallido” o “estado patrocinador del terrorismo”; y EmbedSocial, utilizada para rastrear la circulación concreta de estas etiquetas en la conversación asociada a #Cuba en X, desde enero de 2022 hasta febrero de 2026, identificando picos de atención, momentos de amplificación y patrones de propagación.
Este enfoque no “prueba” causalidad por sí mismo, pero sí permite medir cómo la propaganda de etiquetas impulsada desde Washington se traduce en conversación real, con qué ritmos se activan ante eventos políticos y cómo se estabilizan —o se disputan— como marcos interpretativos.
1) Havana Syndrome: cuando el nombre ya señala al culpable
El llamado “Havana syndrome” (“síndrome de La Habana”) es un ejemplo casi didáctico de cómo el rótulo contiene su propio veredicto: “Havana” incrusta el señalamiento en el nombre. La campaña alrededor del término se refiere al conjunto de denuncias, informes oficiales, filtraciones a prensa e investigaciones mediáticas —iniciadas entre 2016 y 2017— sobre supuestos “ataques invisibles” sufridos por personal estadounidense, primero en La Habana y luego en otros países.
Aunque las evaluaciones internas del propio aparato de inteligencia de EE. UU. han sido contradictorias y, en gran parte, han descartado una causa externa coordinada, el término quedó fijado como marca narrativa.
Asocia automáticamente el fenómeno con Cuba, instala la idea de un entorno hostil y funciona como dispositivo de sospecha persistente. Más que un diagnóstico médico cerrado, ha operado como relato de seguridad útil para deteriorar la imagen internacional de la Isla, justificar tensiones diplomáticas y alimentar la percepción de amenaza, incluso sin evidencias concluyentes y verificables de una campaña de ataques coordinados.
Los datos de Google Trends muestran picos y un interés internacional que se concentra en ciertos países y regiones; y, en consultas relacionadas, aparecen formulaciones que empujan la interpretación hacia claves geopolíticas (“…Russia”, “news”).
En otras palabras: incluso antes de que haya certezas, la etiqueta ayuda a instalar un mapa de sospechas. Para Cuba, la consecuencia fue inmediata: el país quedó asociado en la imaginación global a un “síndrome” que opera como relato de amenaza. El rótulo crea clima. Y el clima, en política exterior, suele convertirse en decisiones.
En X, el comportamiento de la etiqueta es intermitente. Se observan picos claros (enero de 2023, marzo de 2024, julio de 2024) que coinciden con publicaciones y “revelaciones” mediáticas; entre picos, la conversación cae casi a mínimos. No es una narrativa estructural, sino una campaña episódica que se reactiva cuando conviene reforzar la idea de Cuba como espacio hostil o peligroso para personal estadounidense.
2) Estado Patrocinador del Terrorismo: la etiqueta que se vuelve estructura de castigo
Aquí no hablamos solo de propaganda. La designación como “Estado patrocinador del terrorismo” tiene efectos legales y financieros: sanciones, restricciones, alertas regulatorias y un “factor miedo” que empuja a bancos y empresas internacionales a apartarse por autoprotección. Es especialmente eficaz, porque traduce una disputa política en un gesto administrativo (“está en la lista”) y, al mismo tiempo, impone una penalización sistémica que atraviesa el comercio internacional: pagos, seguros, logística, créditos, reputación.
En la práctica, esta etiqueta crea un problema adicional: el sobrecumplimiento. Muchas entidades prefieren no tocar nada que huela a riesgo, incluso cuando existen excepciones. El resultado no es solo presión sobre el Estado; es presión sobre la vida cotidiana.
En X se observa un patrón claro: baja frecuencia cotidiana, pero picos extremadamente altos. Hay crecimiento gradual durante 2023, escalada fuerte en 2024 y un pico máximo a inicios de 2025, seguido de caída brusca y repuntes posteriores. Es el comportamiento típico de una etiqueta administrativa: no vive en el flujo diario; entra como “shock informativo” asociado a anuncios, decisiones de alto nivel y movimientos regulatorios. Funciona como arma de impacto concentrado.
3) Estado fallido: convierte el daño en diagnóstico
El gráfico de Google Trends sobre “Estado fallido / failed state” aporta un dato revelador: Cuba aparece como una de las regiones con mayor interés por esa búsqueda en el período observado.
Eso sugiere algo más profundo que la propaganda externa: la etiqueta está siendo consumida, disputada y discutida en la propia esfera informativa cubana y su entorno.
“Estado fallido” es una categoría que, para operar, no necesita demostrar demasiado. Basta con asociar crisis, escasez o conflictividad a la idea de que “el Estado ya no funciona”.
La propaganda de etiquetas obtiene aquí una ventaja estratégica: permite presentar cualquier presión externa como respuesta inevitable a un “colapso” supuestamente interno y natural, no inducido ni condicionado. En ese punto, la etiqueta se vuelve circular, como una puerta giratoria: el deterioro material alimenta la narrativa y la narrativa legitima medidas que agravan el deterioro.
En X, “Estado fallido” presenta un comportamiento episódico pero cada vez más intenso, con explosiones notables a mediados de 2024, en 2025 y un máximo histórico en enero de 2026.
Es la etiqueta que traduce presión económica en diagnóstico político: convierte escasez y crisis en “fracaso interno”. Su crecimiento hacia 2026 indica un desplazamiento del discurso: del castigo (“terrorismo”) a la certificación de derrumbe (“fallido”), típico de fases avanzadas de guerra informativa.
4) “Régimen”: el lenguaje de fondo que normaliza la deslegitimación
“Régimen” es la etiqueta base, la que no necesita expediente. Su función es despojar al gobierno de Cuba —y, por extensión, a sus instituciones— de legitimidad política. No es un término técnico: es una palabra cargada, diseñada para que el lector complete el resto con su imaginario.
A diferencia de “terrorismo”, no requiere actos concretos ni pruebas. Es una predisposición discursiva; cualquier política cubana se interpreta dentro de un marco ya decidido. En esa gramática, la pregunta no es qué medidas son justas o eficaces, sino cuándo caerá “el régimen”.
En X es, con diferencia, la más voluminosa y estable en el tiempo. No funciona como “evento”, sino como ruido de fondo permanente del discurso anticubano.
Desde 2022 mantiene una base alta, con incrementos sostenidos durante 2024–2025. A finales de 2025 e inicios de 2026 se produce un salto abrupto que alcanza su máximo histórico, coincidiendo con el endurecimiento del discurso de Washington y la reactivación de marcos de colapso.
“Régimen” opera como infraestructura narrativa: es el suelo semántico sobre el que se montan las demás etiquetas.
Conclusiones: Una guerra a varias velocidades
La lectura conjunta de estos datos sugiere que no estamos ante palabras sueltos, sino ante un sistema coordinado de marcos ideológicos, cada uno con una función política específica: “régimen” como deslegitimación permanente; “Estado patrocinador del terrorismo” como castigo legal-financiero; “estado fallido” como diagnóstico de colapso; y “Síndrome de La Habana” como activación episódica de amenaza. No compiten: se complementan, se turnan y se refuerzan.
En ese sistema, el lenguaje no acompaña a la política, sino que la prepara. Nombrar es una forma de actuar, porque el etiqueta ordena titulares, fija consensos y estrecha los márgenes de lo discutible. Cuando esta pasa de comillas a titular sin comillas, ya ganó: la sanción deja de parecer agresión; se presenta como respuesta “lógica” ante un país previamente reducido a una palabra.
Desmontar la propaganda de las etiquetas exige disputar la narrativa. Implica identificar quién la emite, con qué evidencia, qué medidas habilita y qué costos impone sobre la vida cotidiana. También exige un periodismo que no repita rótulos como diagnósticos, sino que los trate como lo que son: instrumentos de estigmatización y coerción.
Cuando el lenguaje se usa para castigar, el primer acto de soberanía informativa es simple: volver a nombrar la realidad con hechos verificables (Tomado de Observatorio de Medios de Cubabedate).
