Se han cumplido en estos meses 30 años del verano de 1993, momento que marcó el punto de mayores afectaciones económicas y sociales de la crisis del periodo especial en Cuba, pero también fue entonces que se dio inicio a la recuperación de una crisis que parecía insalvable para nuestro país, si se tiene en cuenta que el impacto del Período Especial, a tres años de su inicio, el 29 de agosto de 1990, era enorme para la sociedad cubana.
Para tener una idea de la magnitud de la crisis que se enfrentaba, baste recordar que el PIB había caído un 34,8% entre 1989 y 1993, retrocediendo ese año al nivel de 1981; las importaciones se redujeron 75,3%; las inversiones bajaron 61,8%; la agricultura perdió 47,3% en el valor de su producción y la productividad del trabajo descendió 33,7%.
Adicionalmente, una enorme presión inflacionaria había crecido exponencialmente a partir de una reducción abrupta de la oferta de bienes y servicios, frente a un aumento relativo de la liquidez en manos de la población, que superaba el 66% del PIB. La inflación se manifestaba también en la depreciación del valor del peso cubano, cotizado en la economía informal entre 120 y 150 pesos por USD en el primer trimestre de 1994, frente a 7 pesos en 1990. De igual modo, el déficit de presupuesto llegó al 33% del PIB en 1993 y ya se manifestaba con fuerza la desmonetización de la sociedad, cuando comenzó a generalizarse el trueque entre la población debido a la pérdida de las funciones de la moneda nacional.
Por otro lado, y a pesar de la política implementada para proteger a la población, el consumo de los hogares por habitante cayó 34,6% de 1989 a 1993, con un insumo calórico que se redujo 34,5% y un insumo proteico, que descendió 37,7%. Esto significaba que -como promedio- la población cubana consumía en 1993 solo 1 863 kilocalorías diarias, de un mínimo vital estimado en 2 100, y 46 gramos de proteína, de un mínimo de 56. Tales niveles de subconsumo se mantendrían por debajo de lo requerido hasta 1996-1997. Esta reducción en la alimentación se estimaba como una de las causas probables de la aparición de enfermedades como el brote de neuropatía de origen tóxico-nutricional detectado en 1993, que alcanzaría una tasa de incidencia de 493,3 por 100 000 habitantes entre 1992 y 1996.
De igual modo, servicios básicos como el suministro eléctrico también sufrieron fuertes afectaciones, ya que la generación en relación con la capacidad instalada se redujo hasta un 38% en 1994, lo cual motivó que ya desde julio de 1992, comenzaran los cortes programados de electricidad, en condiciones en que el país vio reducida su disponibilidad de petróleo equivalente a unas 6,5 millones de toneladas anuales, de una necesidad mínima de 8,5 millones, lo que representaba un recorte del 50% respecto a los niveles de 1989.
A las consecuencias anteriormente señaladas se sumaría el incremento de las tensiones sociales que una situación de crisis como la descrita provoca. Estas tensiones tendrían su expresión más aguda en los desórdenes sociales que estallaron en agosto de 1994 y la llamada crisis de los balseros que se produjo en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, un impacto de mayor extensión y calado en el tiempo se registraría como consecuencia del deterioro del nivel de vida de la población, que se manifestaría -entre otros indicadores- a partir de una caída estimada de 56% del salario real en cuatro años, aunque otros autores consideran que la disminución llegó hasta el 80%.
De igual forma, durante estos años se produjo una distribución regresiva de los ingresos, en medio de las presiones inflacionarias presentes, la que se agudizaría inevitablemente con la aprobación de las remesas de divisas, que comenzó a recibir una parte de la población a partir de agosto de 1993.
El coeficiente GINI mostraba hacia 1989 un valor de 0.25, que denotaba una distribución de ingresos equitativa. Sin embargo, los estimados disponibles para los años 90 muestran que el valor de ese coeficiente se elevó a una cifra entre 0.38 y 0.40, lo cual reflejaba el deterioro sufrido, aunque, aun así, el indicador se mantenía por debajo de los más importantes países de América Latina, que llegaba a 0.63 en Brasil; 0.52 en Argentina, Chile y México; 0.44 en Uruguay y 0.42 en Costa Rica.
Tampoco fue posible impedir en estos años el inicio de un proceso de reestratificación social. Según la socióloga Mayra Espina, este proceso llevó a que el índice de población en riesgo de no satisfacer sus necesidades elementales aumentaría de 6.3% en 1986 a 14.7% en 1995.
La distribución regresiva de ingresos tuvo como base la diversificación de sus fuentes debido a las remesas ya mencionadas, pero también fue debida a la expansión de la economía sumergida y el trabajo no estatal, así como la creación de fuentes de ingresos diferenciales en divisa para una parte de los trabajadores.
Esta polarización social creó a su vez condiciones favorables para el incremento de las conductas antisociales, con la emergencia de fenómenos tales como la prostitución, la corrupción y el delito, comportamientos en los que también se expresaba una pérdida de valores morales por un segmento de la población.histori
Continuará
[1] Este trabajo se basa en el libro del autor titulado “El Periodo Especial en Cuba: La batalla económica” en proceso de publicación.
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