El Instituto de Información y Comunicación Social, cuyo surgimiento fue anunciado en Gaceta Oficial este martes, se diseña desde hace varios años y debe contribuir a resolver los problemas estructurales de la prensa y la comunicación en la sociedad cubana.
De la institución se espera que ofrezca coherencia al cumplimiento de la Política de Comunicación del Estado y del Gobierno aprobada en 2018, la primera de este tipo después del triunfo de la Revolución. Dicha política reconoce a la información como un bien público y un derecho ciudadano.
Aunque con una visión y misión mucho más integral e integradora, la aparición del Instituto debe facilitar el avance hacia nuevos modelos de prensa y de comunicación públicas, una necesidad acentuada por la rápida inmersión de Cuba en la llamada era de la convergencia y en el escenario de guerra híbrida que enfrenta el país.
Por delante está pendiente, con vistas a resolver dichos problemas estructurales, la aprobación de un instrumento legal, ya incluido en el cronograma parlamentario, que ofrezca garantías a los derechos a la libertad de prensa y de expresión recogidos en la nueva Constitución.
En reciente encuentro con profesionales de la prensa, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteraba una voluntad política otras muchas veces acentuada: entender la gestión de comunicación como algo vital y por tanto revolucionar esa gestión aceleradamente.
En el mismo espacio recordó que por ello la comunicación está entre los tres pilares principales del país, junto a la informatización, la ciencia y la innovación.
