La recurrente violencia ejercida sobre el periodismo con su secuela de muertes, violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas pone en debate permanente a nuestras organizaciones sobre lo que hoy significa el ejercicio de una profesión que fue considerada de riesgo, transformada por la inacción judicial en una realidad donde todos los comunicadores sociales/trabajadores de la prensa son hoy sin quererlo “corresponsales de guerra” en una guerra no convencional, que reconoce a un enemigo siniestro, oculto, casi invisible bautizado por nosotros mismos como, crimen organizado, mafia, narcotráfico, o corrupción institucional.
La exigencia de justicia y castigo a los responsables intelectuales de esta aberrante realidad, por parte de las organizaciones de los trabajadores, encuentra el límite de las decisiones de los gobiernos de la región, la creación de organismos ad-hoc, fiscalías especiales, tribunales de seguimiento de los asesinatos entre otras alternativas formales no han dado resultados ni respuestas efectivas a las organizaciones que en estado de alerta permanente requieren de soluciones definitivas al flagelo del crimen impune.
La defensa de la libertad de expresión, el libre ejercicio de la profesión periodística, es un principio liminar de nuestra historia como organización continental, transformado en un reclamo recurrente que no debemos callar jamás, pero sabemos que el resultado de la violencia que buscan quienes la ejercen es acallar las voces que investigan, denuncian y que ponen sobre la mesa un debate sobre los flagelos que sufren en definitiva nuestras sociedades, generando pánico, temor, angustia, que pretenden se transformen en la puerta de acceso a la autocensura.
Nuestra historia está plagada de vivencias extremas, en 50 años de vida recorrimos el camino sinuoso de las dictaduras militares, que dejaron una secuela de centenares de periodistas desaparecidos, seguidores de gobiernos “democráticos” que trataron de limitar la libertad de expresión con políticas públicas y normas restrictivas para el ejercicio profesional, como la eliminación de estatutos profesionales o el ajuste salvaje sobre los medios públicos.
Hace muchos años acuñamos una consigna que intentaba sembrar una esperanza que culminara con la idea de que la impunidad les garantizaba a los violadores de los derechos humanos la posibilidad de enterrar en el cajón del olvido las aberraciones cometidas, por el contrario, la memoria social mantenida viva nos reafirma en esa consigna histórica que compartimos, nos interpela y nos ratifica en nuestra lucha histórica, “LA IMPUNIDAD NO SERÁ ETERNA”.
Raúl Barr
Coordinador general
Federación Latinoamericana de Periodistas
Av., de Mayo 1209 4to “H” Ciudad Autónoma de Buenos Aires
