Quien piense que la presidencia imperial se instrumenta a partir de los tóxicos y repetitivos mensajes simplistas e infantilizantes del autócrata Donald Trump desde la Oficina Oval y su cuenta en Truth Social, se equivoca. Quienes lo pusieron allí desde el riñón del Estado profundo (deep state) diseñaron un plan estratégico neocolonialista, que más allá de sus ajustes y resultados –y del sesgo paranoico, la teatralidad y las mentiras verificables impulsadas tácticamente por el magnate– se ha venido cumpliendo. En particular, en lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe como espacio vital (Lebensraum) del imperio, que abarca a México como un objetivo estratégico.
En momentos de declive de la hegemonía imperial, con China como enemigo principal y la teología de la Seguridad Nacional como sacrosanto fundamento, las líneas maestras del plan de reconfiguración geopolítica fueron diseñadas por la Fundación Heritage en agosto de 2024 (tres meses antes de la segunda elección de Trump), y tras su reingreso a la Casa Blanca en enero siguiente, a sus “dislates” anexionistas sobre Canadá y México, Groenlandia, el golfo de América y el Canal de Panamá, y otras argucias, siguieron acciones concretas para la militarización del combate a las drogas (manida herramienta de la política exterior clandestina de Estados Unidos), con la clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva (sic) y la designación de algunos grupos de la economía criminal como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo que en aplicación de la ilegal extraterritorialidad de las leyes estadunidenses, permitiría de facto el uso de comandos de élite (fuerzas especiales) y unidades de operaciones sicológicas del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en actividades terrestres, aéreas y marítimas, abiertas y encubiertas, en el subcontinente. El andamiaje intervencionista fue complementado después con la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que incluyó el corolario Trump a la Doctrina Monroe con eje en “reclutar y expandir” (ver Carlos Fazio, “De Robocop global a matón regional”, Rebelión.org, 22/12/26) y la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026, anunciada este mes.
Con ese marco narrativo y seudolegal, la designación del coronel retirado Ronald Douglas Johnson −un superhalcón, veterano plomero de la comunidad de inteligencia experto en las operaciones sicológicas encubiertas y la guerra irregular asimétrica− como embajador en México, Trump dejó claro que en su relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum priorizaría la fuerza por sobre la diplomacia (ver C. Fazio, “Trump y Johnson: mal augurio” y “El factor Johnson”, La Jornada, 23/12/24 y 22/12/25, respectivamente).
Un presunto accidente carretero el pasado 19 de abril en una brecha entre Guachochi y Morelos, dos municipios chihuahuenses enclavados en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadunidenses de la CIA, Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, confirmó el despliegue sobre el terreno de la agencia anunciado por Trump; enrareció la difusa relación bilateral plagada de zonas grises, y dio paso a mentiras, verdades a medias, desmentidos y dudosas explicaciones de distintas instancias estatales y federales del Estado mexicano. Con el agregado de que otros dos operativos de la CIA, hasta ahora no identificados, habrían formado parte de un convoy, integrado, también, por elementos de la Fiscalía General y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, que habían participado en el desmantelamiento de laboratorios de drogas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Madre Occidental, con apoyo de soldados de la 42 Zona Militar con sede en Parral, que brindaron la seguridad perimetral.
Johnston, Black y los otros dos agentes −quienes habrían participado armados y camuflados con uniformes y balaclavas (pasamontañas) militares tácticos de la AEI− formarían parte de una unidad secreta, la rama terrestre (Ground Branch) del Grupo de Operaciones Especiales de la CIA, definida como una fuerza Tier 1, una unidad militar de élite que se maneja con autonomía y realiza misiones clandestinas. La actividad furtiva de ese grupo debe ser autorizada por el presidente de Estados Unidos. Pero sus actividades secretas sirven para brindar una negación plausible al mandatario y a su embajador Johnson. Los cuatro agentes estaban adscritos a la Dirección de Operaciones de la CIA que opera desde el consulado de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León. Uno de los fallecidos entró con visa de turista a México y el otro con pasaporte diplomático. Según Fabrizio Mejía Madrid, el agente Johnston llegó a México procedente de Afganistán e Irak, junto con los drones que se usaron contra Al Qaeda e ISIS en esos países y Siria, y habría estado adscrito a la Fuerza de Protección de Khost (K-P), un grupo paramilitar de la CIA.
Los agentes de la CIA habrían cumplido dos funciones básicas del organismo: infiltrar a la Fiscalía y a la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y reclutar a algunos “activos nativos” (native assets). Señaladamente, el fallecido jefe de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, y el fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía, Guillermo Zuany Portillo.
El 21 de mayo, la gobernadora Maru Campos confirmó en vivo, en sendas entrevistas, la actuación de agencias como la DEA, la FBI y otras en su estado e incluso confesó que han participado en operativos para la “detención y extradición” de “generadores de violencia”. También dijo que debería haber agentes armados de la CIA operando en territorio nacional. Este miércoles 27 la gobernadora deberá comparecer como testigo en el expediente abierto por la Fiscalía General de la República por delitos contra la seguridad nacional en los que habrían participado los agentes de la CIA (Tomado de La Jornada).
Imagen de portada: Foto de Aristegui Noticias.
