El estado de Israel desata un flagrante genocidio contra el pueblo palestino. Sus bases históricas no se pueden leer con la ofensiva militarista iniciada el 7 de octubre de 2024, un comportamiento revelador de la soberbia de un régimen que desprecia a la humanidad. La praxis de anular vidas por parte del ejército sionista (según cifras aportadas este 23 de julio de 2025 por el Ministerio de Sanidad gazatí, más 59 mil palestinos han sido asesinados) se articula con un sistemático asedio a civiles. Esta agenda se avista fortalecida por las alianzas de gobiernos occidentales dispuestos —bajo el paraban de la “legítima defensa”— a comercializar armas a un estado de documentada historia en la comisión de actos execrables. Son acciones lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea, complementados con apoyos políticos, diplomáticos y mediáticos. Se entienden, estos últimos, como “trazos comunicacionales” servidos para taponar actos demenciales, lacerantes, a todo pueblo con derecho a existir como nación. Empresas internacionales potencian lucrativos intercambios comerciales con entidades del régimen israelí, dilatando el horror de un dantesco fotograma, interminable. Con este cuadro de complicidades se deja ver la inoperancia de sociedades “democráticas”, en las que actores y decisores “participan” en las políticas de gobiernos “representativos”. Somos testigos, en primera fila, de una suma imparable de actos bárbaros que la Corte Penal Internacional (CPI) suscribe como crímenes de lesa humanidad. La historia nos interpela una vez más.
Imagen de portada: Foto de Europa Press.
