Suceda lo que suceda el próximo martes tres de noviembre en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, gane Joe Biden, o se reelija Donald Trump, incluso si los demócratas se hicieran además con el control de ambas cámaras del Congreso, el actual presidente y los republicanos habrán dejado un sólido legado conservador en materia judicial que afectará a más de una generación de estadounidenses.
La más reciente de sus victorias fue la confirmación –este lunes en el Senado– de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, para sustituir a la progresista Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en llegar a la Corte Suprema y con una historia de decisiones en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres en Estados Unidos.
El nombramiento de Barrett es el tercero que logra Trump durante su mandato y es la consolidación de una mayoría ideológica en el máximo tribunal que, a partir de ahora, queda integrado por seis magistrados de tendencia conservadora y tres de tendencia hacia las posturas más liberales.
Aunque no es inédito, un desbalance de este tipo no ocurría desde la década del treinta del pasado siglo, durante el primer gobierno de Roosevelt, y los jueces del Supremo conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis, quienes torpedearon la aplicación del llamado New Deal, e invalidaron no pocas leyes consideradas populares en aquel entonces.
Las consecuencias ahora de una mayoría conservadora podrían reflejarse en temas como el propio funcionamiento de la Corte y otros más sensibles como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la tenencia de armas, el cambio climático, la Ley sobre Cuidados de Salud, el Obamacare, o sobre el propio tema electoral, recordemos que en el 2000, fue la propia Corte Suprema la que dio la victoria a Bush, el hijo, cuando ordenó detener el reconteo manual de votos en Florida.
La confirmación de Coney Barrett es la confirmación de un objetivo cumplido de los republicanos desde 2016: la revisión de arriba a abajo del importante poder judicial federal.
Trump ha designado un total de 220 jueces, incluidos 53 para los influyentes tribunales de circuito y 162 para los tribunales de distrito. Eso lo coloca solo detrás del ex presidente Carter que tras el caso Watergate removió el sistema y nombró a 262 jueces federales. Cuatro décadas le tomó a los republicanos lograr un cambio radical.
Esto provocará un aumento del peso conservador en las decisiones judiciales en Estados Unidos, lo que trascenderá a Trump, pues actualmente un tercio de todos los jueces federales activos han sido nombrados por él.
El promedio de edad de esos jueces nombrados ronda los 48 años y como característica: el 90 por ciento son blancos y 8 de cada 10, son hombres; súmele a ello que de los 53 jueces de circuito confirmados, ninguno es negro y solo una es latina.
¿Qué quiere decir todo esto del legado judicial conservador de Trump? Pues que un gobernante demócrata, incluso con el Congreso a su favor en ambas Cámaras, podría ver frustrada su agenda de Gobierno por tribunales dominados por jueces cercanos a los ideales conservadores.
Lo peor pudiera estar por venir si finalmente en una semana el presidente se reelije en su cargo –cosa que advierto, puede pasar– porque de ocurrir, su revolución judicial de derecha se radicalizará aún más y por tanto, veremos más nombramientos conservadores, y más fallos judiciales que reflejen la ideología republicana.
