Al término de las audiencias que buscan extraditar a los Estados Unidos al periodista Julián Assange, el 1 de octubre, su equipo de defensa debería sentirse triunfante pues. Porque con más de 30 testigos y testimonios, durante todo el mes de septiembre le propinó una paliza jurídica a los fiscales que representan a los EE.UU.
Si el caso en Londres se juzga en estricta justicia, como corresponde en un estado de derecho, esta batalla habría sido ganada por Assange.
Sin embargo, el denominado “juicio del siglo” es, sobre todo, un juicio político y queda la sensación de que la decisión podría estar tomada de antemano, independientemente del derecho.
La corte arrancó el 7 de septiembre del 2020 con cientos de manifestantes en los exteriores, en contraste con las restricciones que la corte impuso al interior, en lo que es el caso más importante contra la libertad de expresión de toda una generación.
Solo se permitió el ingreso de cinco personas en la lista de “familiares” y de cinco personas del público, estos últimos ubicados en una sala aledaña, donde apenas se podía seguir una transmisión de video.
La jueza Vanessa Baraitser, a cargo del caso, sin explicación convincente, revocó el acceso a la transmisión en video que previamente había autorizado a cerca de 40 organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, de la talla de Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras o PEN International.
Cada día, desde las 5 de la mañana, abnegados activistas hicieron fila para que observadores como Reporteros sin Fronteras, por ejemplo, pudieran ingresar y ocupar uno de los cinco puestos disponibles. Gracias a ellos, y a los familiares de Assange, es que yo logré estar en la corte para observar la mayoría de las audiencias.
El propio Assange también debió levantarse, cada día, a las 5 de la mañana para someterse, desnudo y esposado, a humillantes inspecciones y escaneos con rayos X, antes de embarcarse en un camión policial y atravesar el tráfico londinense por más de una hora y media.
Para las 10 de la mañana, hora en que diariamente sesionaba la corte, Assange ya llevaba encima cinco horas de ultraje, antes de ubicarse el resto del día en una cabina de vidrio.
Para comunicarse con sus abogados, Assange debía arrodillarse para hablarles a través de una rendija, a escasos metros de los oídos de los abogados acusadores, algo claramente en contra de un debido proceso.
La defensa empezó solicitando el diferimiento de las audiencias, en vista de que los EE.UU. presentaron de última hora una nueva solicitud de extradición, con nuevos elementos que Assange ni siquiera había podido revisar.
Durante los seis meses previos, Assange prácticamente no tuvo acceso a sus abogados. La jueza, sin embargo, denegó cualquier diferimiento.
La defensa ha basado su estrategia en probar que existe un abuso del proceso legal en varias categorías entrelazadas. En este extenso resumen, me permitiré exponer las 10 razones que identifico como las más importantes contra la extradición.
Para este ejercicio me he apoyado, además, en la cobertura del reportero norteamericano Kevin Gosztola y en la del ex diplomático británico Craig Murray, junto a quien compartí asiento en la corte.
1) La acusación es por un “delito político”, no sujeto a extradición. Publicar información clasificada y verdadera no es un crimen.
Julian Assange sería juzgado bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos por un “delito” típicamente político, excluido de los acuerdos de extradición entre el Reino Unido y EE.UU.
La Fiscalía norteamericana ha advertido, además, que Assange, en su calidad de extranjero, no podría ampararse en la Primera Enmienda estadounidense. Es decir, en EE.UU. para un extranjero aplican los castigos, pero no las protecciones de la ley.
El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Trevor Timm, le dijo a la corte que la extradición de Assange sería el “fin del periodismo de seguridad nacional” porque criminalizaría a todos los reporteros que reciben un documento secreto.
Criticó la acusación por posesión de un “buzón seguro” (SecureDrop) como un delito, pues The Guardian, Washington Post, New York Times y más de 80 otras organizaciones de noticias, incluido el Comité Internacional de Periodistas de Investigación, tienen hoy también buzones seguros.
Timm dijo que el Departamento de Justicia tiene una orientación política, que la Fiscalía no puede decidir quién es periodista y quién no y que los cargos contra Assange “reescribirían radicalmente” la Primera Enmienda.
Esto fue afirmado también en el testimonio escrito del director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia, Jameel Jaffer, quien aseguró que la acusación contra Assange tiene como objetivo disuadir al periodismo que es esencial para la democracia y representa una grave amenaza para la libertad de prensa.
El profesor de periodismo y ex reportero de investigación Mark Feldstein atestiguó que las filtraciones son el “elemento vital” del periodismo de investigación, que la recopilación de información clasificada es un “procedimiento operativo estándar” para los periodistas y que las publicaciones de WikiLeaks están protegidas constitucionalmente.
El abogado estadounidense, Eric Lewis, ex profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, aseguró que el gobierno de Obama decidió, finalmente, no enjuiciar a Assange por lo que se conoce como el problema del New York Times, es decir: no había forma de procesarlo por publicar información clasificada, sin que la misma teoría se aplicara a muchos otros periodistas.
Lewis atestiguó que la administración de Trump, de repente, decidió presionar a los fiscales del Distrito Este de Virginia y citó un artículo del New York Times que hace referencia a Matthew Miller, el ex portavoz del Departamento de Justicia en la administración de Obama, que dijo que el precedente podría amenazar a todos los periodistas.
El mismo criterio expresó ante la corte el abogado Thomas A. Durkin, ex Fiscal adjunto de los Estados Unidos y profesor de derecho: “… que la administración Trump ordenara la reapertura del caso fue claramente una decisión política.”
Tanto Thomas Durkin como Eric Lewis aseveraron que Assange sería condenado de por vida, puesto que las sentencias por espionaje en los EE. UU., generalmente, son de cadena perpetua y las más leves van de 20 a 30 años.
El abogado Carey Shenkman, quien escribió un libro sobre la historia y uso de la Ley de Espionaje, atestiguó que esa ley es “extraordinariamente amplia” y una de las leyes más divisivas de Estados Unidos. “Nunca, en el siglo de historia de la Ley de Espionaje, ha habido una acusación contra un editor estadounidense… y tampoco una acusación extraterritorial de un editor no estadounidense”.
La Fiscalía, por su parte, en lo que fue una de las más terroríficas admisiones escuchadas en la corte, reconoció que, si bien la Ley de Espionaje nunca ha sido utilizada en contra de un periodista, su extenso alcance sí les permitiría hacerlo en esta ocasión.
La abogada Jennifer Robinson, miembro del equipo jurídico de Assange, sometió a la corte un testimonio escrito relatando una oferta de indulto por parte del Presidente Trump, a cambio de que Julián Assange identificara la fuente de las publicaciones de WikiLeaks de las filtraciones del Comité Nacional Demócrata (DNC) en 2016.
La oferta fue transmitida por el congresista estadounidense Dana Rohrabacher durante una visita a la Embajada de Ecuador. El congresista habría explicado que la información de Assange sobre la fuente de las filtraciones sería de “interés, valor y ayuda para el Presidente”, que quería “resolver la especulación en curso sobre la participación rusa”.
La oferta de la Casa Blanca demostraría la naturaleza politizada del caso, puesto que los cargos se presentaron después de que Julián Assange se negó a proporcionar ninguna información.
El laureado periodista de investigación Patrick Cockburn, con más de 30 años escribiendo para The Independent, en su testimonio escrito dijo que Assange es perseguido porque expuso “la forma en que EE. UU., como única superpotencia mundial, realmente llevó a cabo sus guerras, algo que los establecimientos militares y políticos vieron como un golpe a su credibilidad y legitimidad.”
Por su parte, el periodista Ian Cobain, que trabajó para The Guardian durante las publicaciones de Wikileaks en 2010, en su testimonio escrito dijo que Assange es perseguido porque “Siempre existe el entendimiento…. de que cualquier persona que tenga conocimiento de los crímenes estatales y que se presente para corroborar las acusaciones sobre esos crímenes, puede enfrentar un proceso judicial.”
El famoso profesor Noam Chomsky, en su testimonio escrito le dijo a la corte: “Julián Assange … ha prestado un enorme servicio a todas las personas del mundo que atesoran los valores de la libertad y la democracia y que, por lo tanto, exigen el derecho a saber lo que hacen sus representantes electos. Sus acciones, a su vez, lo han llevado a ser perseguido de manera cruel e intolerable.”
Pero, por si quedasen dudas de la naturaleza política del caso, ha sido la propia jueza Baraitser quien en la corte confesó que su intención original era tener un veredicto antes de las elecciones presidenciales estadounidenses y ha preguntado a la Defensa y a la Fiscalía qué implicaciones habría en tener un dictamen después de dichas elecciones.
¿Por qué una jueza británica, que se supone debería impartir justicia únicamente basada en hechos y pruebas, está pendiente de un evento puramente político en otro país para emitir su fallo?
2) Nunca hubo una divulgación imprudente de nombres. Nadie ha sufrido consecuencia alguna por las publicaciones de Wikileaks.
El ya legendario denunciante de los Papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg, le dijo a la corte que está “totalmente en desacuerdo con la teoría de ‘Ellsberg bueno y Assange malo…” y que Julián hizo “todo lo posible” para redactar o retener información dañina, trabajando con los medios de comunicación en el proceso de redacción.
Los Papeles del Pentágono eran ultrasecretos (Top Secret), pero los documentos de Wikileaks no tenían clasificaciones de distribución restringidas y que, por definición, no debería haber nada genuinamente sensible.
Ellsberg dijo que Assange retuvo 15.000 archivos de los registros de la guerra de Afganistán para proteger nombres y que también solicitó ayuda al propio Departamento de Estado y al Departamento de Defensa para redactar nombres, pero que el gobierno se negó a ayudar, a pesar de que es una práctica periodística estándar consultar a los funcionarios para minimizar el daño.
Ellsberg confirmó que, en el consejo de guerra de Chelsea Manning, el propio Departamento de Defensa admitió que no podía señalar una sola muerte como resultado de las publicaciones de WikiLeaks.
El cofundador de la organización Iraq Body Count (IBC), John Sloboda, cuyo trabajo ha sido reconocido por la ONU y la UE, atestiguó que trabajó con WikiLeaks y los medios de comunicación en la preparación de los documentos de la guerra de Irak, antes de su publicación. Sloboda narró como Julián Assange impuso y dirigió todo un “proceso de redacción muy estricto” para proteger posibles daños.
Wikileaks usó un software capaz de editar miles de documentos, identificando cada palabra que no estaba en un diccionario de inglés y así eliminar, automáticamente, los nombres árabes, por ejemplo. Luego, los archivos se escanearon nuevamente para eliminar ocupaciones, como “médico” o “conductor”, a fin de proteger aún más las identidades.
La edición tomó “semanas” y fue un “proceso minucioso”, relató Sloboda. “Hubo una presión considerable sobre Wikileaks porque los otros medios querían apresurarse a publicar más rápido”, pero “la postura de Assange y WikiLeaks fue ser excesivamente cautelosos”.
John Goetz, actual Jefe de Investigaciones de la televisión pública alemana, NDR, confirmó que cuando trabajó junto a Assange en 2010, representando a de Der Spiegel, WikiLeaks tuvo un “riguroso proceso de redacción” y que Assange estaba obsesionado por mantener seguros los documentos clasificados y prevenir divulgaciones perjudiciales.
“Recuerdo estar muy irritado por los constantes e interminables recordatorios de Assange de que necesitábamos estar seguros”, y que WikiLeaks “terminó eliminando más cosas que incluso el Departamento de Defensa”. Assange discutió con frecuencia “cómo encontrar nombres confidenciales para que pudiéramos redactarlos y tomar medidas para asegurarnos de que nadie estuviera en riesgo”.
El periodista Nicky Hager, autor del libro “Nueva Zelanda en Afganistán, Irak y la guerra contra el terrorismo”, atestiguó que uno de sus trabajos fue “identificar cualquier [cable] que no debería ser liberado por razones como la seguridad personal de las personas mencionadas” y que el personal de WikiLeaks estuvo “comprometido en un proceso cuidadoso y responsable”.
Estaba “asombrado” al ver el nivel de cuidado que estaban tomando para redactar información que podría dañar a terceros. “Personas trabajando en silencio durante horas y horas” revisando documentos.
La experimentada periodista italiana Stefania Maurizi, cuya persistente investigación demostró como la Fiscalía Británica presionó a su contraparte sueca para que no interroguen a Assange en Londres, en su testimonio escrito dijo:
Yo mismo tuve acceso a 4.189 cables…. Me senté con Assange y revisé los cables de la manera más sistemática posible… Todo se hizo con la máxima responsabilidad y atención… Esa fue la primera vez que trabajé en una empresa editorial que implicase procedimientos tan estrictos… Incluso colegas internacionales experimentados encontraron los procedimientos exagerados, involucrando protecciones, considerablemente, más allá de las que cualquiera de ellos estaba acostumbrado a ejercer… ni el trabajo realizado por colegas cercanos sobre historias de la mafia italiana, que requieren extrema precaución y seguridad, nunca alcanzó estos niveles.
3) Las publicaciones de Wikileaks son información verdadera y de relevancia histórica.
El abogado británico-estadounidense Clive Stafford Smith, fundador de la organización Reprieve, atestiguó que WikiLeaks arrojó luz sobre la tortura a los detenidos en Guantánamo, pues se reveló que muchos no eran terroristas, sino que habían sido apresados en Afganistán por un sistema de recompensas. Las peores acusaciones se habían “montado” contra prisioneros, a menudo obligados a admitirlas bajo tortura.
Stafford Smith explicó que gracias a Wikileaks se conoce sobre el uso de técnicas de tortura, como la garrucha, o colgamiento de las muñecas hasta que los hombros se disloquen y puso de ejemplo la tortura de Binyam Mohamed, un ciudadano británico al que le cortaban los genitales a diario con una cuchilla de afeitar.
El litigio contra los mortíferos programas de ataque con drones de Estados Unidos en Paquistán hubiera sido imposible sin WikiLeaks, Stafford Smith opinó.
John Sloboda de Iraq Body Count, explicó que los Registros de la Guerra de Irak constituyeron “la mayor contribución al conocimiento público sobre las bajas civiles en Irak”, ya que revelaron un estimado de 15,000 muertes previamente desconocidas.
Patrick Cockburn, de The Independent, dijo que “Wikileaks hizo lo que todos los periodistas deberían hacer, que es poner a disposición del público información importante, permitiendo a las personas emitir juicios basados en evidencia sobre el mundo que los rodea y, en particular, sobre las acciones de sus gobiernos”.
Cockburn agregó que los informes publicados por Wikileaks transmiten colectivamente la realidad de la guerra “mucho mejor que incluso los relatos periodísticos mejor informados”, en los cuales, por lo general, los civiles muertos “se identificaban automáticamente como “terroristas” atrapados en el acto, independientemente de la evidencia en contrario”.
El experiodista Dean Yates, quien fue Jefe de la Oficina de Reuters en Bagdad en 2007 y 2008, en su declaración escrita le dijo que no fue hasta 2010, cuando WikiLeaks publicó el video Collateral Murder, que se conoció la verdad sobre la muerte de sus colegas periodistas, Namir Noor-Eldeen y Saeed Chmagh.
Yates relató sobre los intentos de Estados Unidos para esconder la verdad, pues los militares le mostraron solo parte del video. La única persona que le reveló la verdad fue Assange.
“Si no hubiera sido por Chelsea Manning y Julián Assange, la verdad de lo que les sucedió a Namir y Saeed, la verdad de lo que sucedió en esa calle de Bagdad el 12 de julio de 2007, no se habría dado a conocer al mundo. Lo que Assange hizo fue 100% un acto de decir la verdad, exponiendo al mundo lo que fue en realidad la guerra en Irak y cómo se comportaron y mintieron los militares estadounidenses.”
En ese punto, la jueza Baraitser interrumpió el testimonio de Yates, por presiones reiteradas de la Fiscalía. Es irónico que en una corte se busque criminalizar al periodismo, pero se evite al máximo escuchar sobre los crímenes denunciados por el periodismo.
Eso fue lo que sucedió con el esperado testimonio del ciudadano alemán–libanés Khaled el-Masri, secuestrado y torturado por la CIA, quien por “problemas técnicos” con la transmisión online no atestiguó en persona. La jueza desistió entonces de escucharlo, también por presión de la Fiscalía, lo que provocó la reacción de Julián Assange que indignado reclamó: “No censuraré la declaración de una víctima de tortura ante este tribunal… no lo aceptaré”.
La Fiscalía, finalmente, permitió que se leyera un resumen de la declaración escrita: El-Masri fue llevado a un sitio negro de la CIA en Afganistán, donde fue golpeado, registrado al desnudo, sodomizado, alimentado a la fuerza a través de un tubo por la nariz, sometido a una privación sensorial total y a otras formas crueles de trato inhumano durante seis meses.
Al final, cuando los torturadores se dieron cuenta que tenían al hombre equivocado, éste fue abandonado con los ojos vendados en una remota carretera en Albania. Cuando regresó a Alemania, su casa estaba desierta y su esposa e hijos se habían ido.
El periodista Goetz de la televisión pública alemana demostró que su historia era cierta y rastreó a los agentes de la CIA involucrados. Fiscales de Munich emitieron órdenes de arresto para los secuestradores, pero nunca se ejecutaron.
Las publicaciones de Wikileaks evidenciaron la presión de Estados Unidos sobre el gobierno alemán para bloquear la investigación judicial de un crimen. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basado explícitamente en los cables de Wikileaks, le dio la razón a El-Masri, quien le escribió a la corte:
La publicación de Wikileaks ha sido esencial para lograr la aceptación de la verdad del crimen y del encubrimiento… Sin una exposición dedicada y valiente de los secretos de estado en cuestión, lo que me sucedió nunca habría sido reconocido y entendido.
4) Wikileaks no publicó primero los cables diplomáticos sin redactar, pero solo Julián Assange es perseguido.
Tres de los 18 cargos contra Assange lo acusan de publicar, específicamente, los cables diplomáticos no redactados, pero la Defensa y sus testigos demostraron que WikiLeaks no fue el primer medio en publicar ese archivo y que quienes lo hicieron no han sido procesados. WikiLeaks tomó cuidado de cifrar el archivo, pero acciones fuera del control de Assange llevaron a su publicación.
El profesor alemán de ciencias de la computación, Christian Grothoff, testificó sobre su investigación de la cronología de los eventos en 2011. Grothoff revisó la línea de tiempo: en el verano de 2010, WikiLeaks compartió los cables con el periodista de The Guardian David Leigh, a través de un archivo en un sitio web temporal protegido con una contraseña de cifrado muy fuerte. Assange escribió solo parte de la contraseña en un papel. WikiLeaks y sus socios de medios comenzaron a publicar los cables editados en noviembre de 2010.
Wikileaks sufrió constantes ataques a sus servidores y copias espejo de su archivo fueron creadas alrededor del mundo para proteger la información. Esas copias eran inaccesibles sin la clave segura. En febrero de 2011, los periodistas de The Guardian, David Leigh y Luke Harding, publicaron un libro en el que el título de un capítulo era la contraseña completa para los cables no redactados. Una vez que el libro publicó la clave, Wikileaks ya no tenía poder de eliminar los archivos espejos, o cambiar el cifrado.
El 25 de agosto de 2011, el semanario alemán Der Freitag publicó un artículo en el que explicaba que la contraseña que revelaron Leigh y Harding podría usarse y en pocos días el archivo completo, sin cifrar ni editar, apareció en Cryptome.org, una plataforma establecida en EE. UU. Los sitios web MRKVA y Pirate Bay también publicaron copias del archivo.
El 1 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos había accedido por primera vez al caché no redactado, a través de Pirate Bay. El profesor Grothoff testificó que no había podido encontrar un solo ejemplo del código publicado en línea antes de que los periodistas The Guardian lo publicaran en su libro.
Assange y su compañera miembro de WikiLeaks, Sarah Harrison, llamaron al Departamento de Estado para advertir que los cables no redactados estaban en línea, pero esas advertencias fueron ignoradas. La periodista Stefania Maurizi relató en su testimonio que estuvo reunida con Wikileaks el mismo día en que se descubrió que los cables habían sido publicados, fuera del control de Assange.
“Recuerdo que cuando llegué hubo fuertes discusiones sobre qué hacer. Julián Assange estaba claramente preocupado por la situación a la que se enfrentaba Wikileaks”, dijo Maurizi. Ya que durante más de un año se habían tomado todas las medidas posibles para evitarlo, “Assange mismo estaba haciendo intentos urgentes de informar al Departamento de Estado de que la información circulaba fuera del control de Wikileaks”.
Wikileaks debió liberar los cables el 2 de septiembre del 2010 y publicó un editorial indicando que “El periodista de Guardian reveló negligentemente las contraseñas de Cablegate“.
El periodista Glenn Greenwald, premio Pulitzer por publicar las revelaciones de Edward Snowden, escribió aquel día:
Una vez que WikiLeaks se dio cuenta de lo que había sucedido, notificaron al Departamento de Estado, pero se enfrentaron a un dilema: prácticamente todas las agencias de inteligencia gubernamentales habrían tenido acceso a estos documentos…. En ese momento, WikiLeaks decidió, de manera bastante razonable, que lo mejor y más seguro era liberar todos los cables en su totalidad, para que no solo las agencias de inteligencia del mundo, sino todos los tuvieran, de modo que se pudieran tomar medidas para proteger las fuentes…
El periodista Jakob Augstein, editor de Der Freitag, en su testimonio escrito confirmó que en agosto de 2010 su medio publicó el artículo “Fuga en Wikileaks” sobre la revelación de la contraseña por los periodistas de The Guardian. Assange lo llamó y le pidió que no publicara nada que pudiera revelar dónde se encontraba el archivo, preocupado por “la seguridad de los informantes” del gobierno de los EE. UU.
Finalmente, John Young, nada menos que el representante de Cryptome.org, en su testimonio escrito confirmó también que su portal, con base en EE.UU., publicó primero los cables diplomáticos sin redactar, antes de que Wikileaks los republicara:
Publiqué en Cryptome.org cables diplomáticos sin redactar el 1 de septiembre de 2011 y esa publicación permanece disponible en la actualidad… ninguna autoridad policial de EE. UU. me ha notificado que esta publicación de los cables es ilegal, consiste o contribuye a un delito de alguna manera, ni han pedido que se eliminen.
5) Assange nunca ayudó a Chelsea Manning a acceder a información de seguridad nacional.
Uno de los cargos contra Assange es que, supuestamente, conspiró junto a la soldado Chelsea Manning para obtener un mayor acceso a las bases de datos gubernamentales y disfrazar su identidad al hacerlo.
El argumento es que Manning conversó en un chat encriptado con el usuario ‘Nathaniel Frank’ (que los EE.UU. alegan, pero no han probado, sería Julián Assange) y le pidió ayuda para descifrar una parte encriptada de una contraseña. La defensa argumenta que Manning solicitó ayuda para proteger su identidad, algo que los periodistas están obligados a hacer con sus fuentes.
La defensa puso ante la corte al mejor experto posible en la materia. Patrick Eller, experto forense digital, quien trabajó con el Ejército de EE. UU. por más de 20 años y actualmente es profesor y presidente de Metadata Forensics, que ofrece investigación en casos civiles y penales. Eller revisó las transcripciones del consejo de guerra de Manning en 2013 y ratificó las siguientes conclusiones:
a) El intento de descifrar el hash de la contraseña fue, tecnológicamente, imposible y “computacionalmente inviable” en 2010, cuando ocurrió la conversación entre Manning y ‘Nathaniel Frank’.
b) Incluso si fuera factible, no le habría dado a Manning un mayor acceso a las bases de datos gubernamentales. A la fecha de la charla de Manning con ‘Nathaniel Frank’ sobre el descifrado de la clave (marzo de 2010), ya Manning había filtrado todos los documentos a Wikileaks, excepto los cables del Departamento de Estado, que están almacenados en una red que no requería información de inicio de sesión, por lo que Manning ya tenía acceso a ella.
c) Incluso si fuera factible, el propósito no habría sido ocultar la identidad de Manning. Lo que es mucho más probable, testificó Eller, quien entrevistó a miembros de la antigua unidad militar de Manning, es que éste quería usar la cuenta de administrador para descargar películas, música y juegos no autorizados y esto requiere descifrar una contraseña. Manning, dijo Eller, era la “persona a quien acudir” en su unidad para ayudar con esto a sus colegas.
En su testimonio, Eller también estableció que ni él, ni el gobierno de los Estados Unidos, tiene forma de probar que “Nathaniel Frank” era en realidad Julián Assange, o cualquier otra persona.
6) Assange no tendría un juicio justo en la “Corte de Espionaje” de los Estados Unidos.
Julián Assange sería enjuiciado en la “Corte de Espionaje” de Estados Unidos, donde recaen los casos de “seguridad nacional” y que en 2010 abrió la investigación “secreta” en contra de Wikileaks y Assange, por la cual éste solicitó asilo político al Ecuador.
Es la corte del distrito este del Estado de Virginia, donde la CIA y los mayores contratistas de seguridad nacional tienen sede. El jurado proviene, por tanto, del lugar con mayor concentración de la “comunidad de inteligencia” de los EE.UU., donde Assange no tendría ninguna oportunidad de un juicio justo.
Daniel Ellsberg le dijo a la corte que los acusados de espionaje no pueden siquiera argumentar las razones que justificaron sus acciones. “No tuve un juicio justo ni lo han tenido los denunciantes recientes en los Estados Unidos. Julián Assange no puede obtener un juicio justo “. Esto también lo confirmó el abogado Carey Shenkman cuando le dijo a la corte que la Ley de Espionaje no contempla que el acusado pueda argumentar en su defensa el “interés público”.
Trevor Tim aseveró en la corte que el 99,9% de los Grandes Jurados acusan acorde a lo que establece la Fiscalía y que un estudio de 162.000 grandes jurados reveló que sólo 11 habían rechazado la solicitud de un fiscal federal de enjuiciar.
Thomas Durkin estuvo de acuerdo en que un Gran Jurado, prácticamente, nunca se niega a autorizar un enjuiciamiento y Eric Lewis dijo que el juez en el Distrito Este de Virginia sentenciaría a Assange de manera extremadamente agresiva.
El profesor Mark Feldstein le dijo a la corte que había una gran cantidad de material académico que demostraba que los Gran Jurados eran maleables y que hacían lo que los fiscales les pedían.
7) Assange será sometido a condiciones inhumanas en los EE.UU.
Al ser acusado de espionaje, Julián Assange sería encarcelado bajo “Medidas Administrativas Especiales” (SAMs); estará en confinamiento solitario, no se le permitirá ningún contacto con la familia, solo podrá hablar con sus abogados, quienes no podrán transmitir ningún mensaje suyo o enfrentarán cargos penales. Tales condiciones son una sentencia de muerte en vida.
Durante su juicio sería encarcelado en Centro de Detención de Alexandria (ADC) y luego cumpliría sentencia de por vida en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.
La Fiscalía ha tratado de “dorar la píldora”, en base al testimonio escrito del Fiscal Adjunto Federal Gordon Kromberg, quien ha intentado describir como amigable el infierno de las prisiones de máxima seguridad, algo que los testigos de la Defensa consideraron una ficción.
Yancey Ellis, exabogado defensor de los Marines de los Estados Unidos y quien ha defendido a muchos clientes en el ADC, le dijo a la corte que la situación de Assange sería “cruel y opresiva” en la unidad “X” de confinamiento en solitario, donde sería objeto de “tortura y de tratos o penas inhumanos o degradantes”.
Pasaría de 22 a 23 horas al día incomunicado en una celda de menos de cinco metros cuadrados, con un área para dormir, un pequeño lavabo y un inodoro. Normalmente, las comidas se toman dentro de la celda y no tendrá acceso a programas terapéuticos o de otro tipo. No hay un área exterior de recreación o ejercicio en la cárcel de Alexandria.
El abogado Joel Sickler, experto en condiciones carcelarias, fundador el Grupo de Defensa de la Justicia en Virginia, quien también tiene clientes en el ADC y conoce de la prisión ADX Florence en Colorado, le dijo a la corte que Assange “absolutamente no tendrá comunicación con otros reclusos”. Agregó, “Todo tu mundo son las cuatro esquinas de esa habitación”.
Por lo general, se permite una llamada telefónica de entre 15 y 30 minutos a la familia por mes y todas las llamadas son monitoreadas, dijo. Sickler describió el sistema como “feudal”, aseguró que las posibilidades de apelar a los SAMs son “nulas” y dijo que tenía un cliente que había estado en confinamiento solitario durante 23 años.
La testigo Maureen Baird, ex directora de tres prisiones de EE. UU., incluido el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York, con presos bajo medidas SAMs, dijo que Assange tendría condiciones “desoladoras y degradantes” previas y posteriores al juicio.
SAMs no es discrecional, es una directiva impuesta solo por el Fiscal General, con el aporte de las agencias de inteligencia. Los presos que supervisó bajo SAMs estaban en aislamiento, técnicamente, las 24 horas del día. Las condiciones son tan malas que no puede creer que todavía existan, dados todos los estudios e informes de los horribles efectos físicos y psicológicos que tienen en los presos.
También habló Lindsay Lewis, abogada del predicador islámico británico Abu Hamza al-Masri, quien está detenido en ADX Florence en Colorado, a pesar de que los Estados Unidos dieron garantías a los tribunales ingleses y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que no sería detenido en esas condiciones, sin un examen médico adecuado.
Hamza — un amputado de los dos brazos, ciego de un ojo y que sufre de una afección de la piel, conocida como hiperhidrosis — ha estado encarcelado bajo SAMs y en confinamiento solitario durante los últimos ocho años. Su cama, inodoro y lavabo no eran adecuados para su discapacidad y sus otras condiciones médicas, incluyendo diabetes severa, hipertensión y depresión, no son tratadas adecuadamente.
Lindsay Lewis afirmó que “la naturaleza poco confiable de las garantías del gobierno de Estados Unidos” debería ser una preocupación para las autoridades británicas al “determinar si extraditar” a Assange a Estados Unidos.
La abogada declaró que las restricciones son tan absurdas que Hamza fue acusado de violar las SAMs cuando “trató de transmitir, en una carta a uno de sus hijos, su amor por su nieto” porque el nieto, un bebé de 1 año, no era un contacto aprobado.
8) Julián Assange corre un alto riesgo de suicidio en los EE.UU.
La discusión sobre las condiciones de salud física y emocional de Julián fueron debatidas en gran detalle en la corte, siendo este el único ámbito en que la Fiscalía presentó sus dos únicos testigos.
Es preciso recordar que, apenas Assange fue encarcelado en la prisión de Belmarsh, los especialistas de las Naciones Unidas que lo examinaron determinaron que sufría de severas secuelas de tortura psicológica, producto de casi una década de persecución, acentuados por el último año de encierro en la embajada del Ecuador, cuando el gobierno de Lenin Moreno lo sometió a incomunicación y cruel hostigamiento — algo que a mí personalmente me consta.
El Dr. Michael Kopelman, profesor emérito de neuropsiquiatría de King’s College London, testimonió que Julián ha sido diagnosticado con depresión clínica y síndrome de Asperger, por lo cual correría un alto riesgo de suicidio si fuera extraditado y citó un estudio que descubrió que el suicidio es nueve veces más probable en pacientes con Asperger.
Chelsea Manning intentó suicidarse en las mismas instalaciones donde Assange estaría en prisión preventiva.
El Dr. Kopelman observó en Julián “pérdida de sueño, pérdida de peso, una sensación de preocupación e impotencia como resultado de las amenazas a su vida, el ocultamiento de una hoja de afeitar como medio para autolesionarse y cavilaciones obsesivas sobre formas de suicidarse”.
“Estoy tan seguro como puede estarlo un psiquiatra de que, en caso de extradición inminente, Assange encontraría la manera de suicidarse”, dijo Kopelman.
Su diagnóstico fue respaldado por un historial médico desde la infancia, múltiples entrevistas con familiares y amigos de larga data, un historial familiar sorprendente de suicidio, posiblemente indicando una disposición genética.
El estado depresivo de Assange fue especialmente severo en diciembre de 2019 cuando redactó cartas de despedida a familiares y amigos, redactó un testamento e, incluso, se confesó con un sacerdote católico.
El Dr. Quinton Deeley, neuropsiquiatra especialista en autismo, profesor de King’s College London, atestiguó que Assange se sometió a una prueba del Programa de Observación de Diagnóstico de Autismo (ADOS) y fue diagnosticado como “autista de alto funcionamiento” con “rigidez de pensamiento”, síntoma típico de síndrome de Asperger.
Assange “reflexiona largamente sobre las posibles circunstancias” y eso provoca una “sensación de horror”, dijo. Él cree que “se está haciendo un ejemplo de él”, lo que aumenta enormemente el riesgo de suicidio.
La Dra. Sondra Crosby, profesora asociada de medicina en la Universidad de Boston y experta en el impacto psicológico de la tortura, visitó a Assange en la embajada de Ecuador y en la cárcel de Belrmash. En 2018, Crosby emitió su opinión profesional de que el confinamiento continuado de Assange era peligroso física y mentalmente y una clara vulneración de su derecho humano a la asistencia sanitaria.
En la Embajada, Assange mostró síntomas de trastorno de estrés postraumático y angustia psicológica; un “trauma psicológico agudo, comparable a los refugiados que huyen de zonas de guerra… corre un riesgo muy alto de suicidarse si fuera extraditado”.
“Él está en el mismo estado psicológico que alguien que fue perseguido por un hombre con un cuchillo y luego se encierra en una habitación y no sale”, dijo la Dr. Crosby. Para octubre de 2019, Assange “cumplió con todos los criterios de depresión mayor… y tenía pensamientos suicidas todos los días…”, testificó.
El primer testigo de la Fiscalía, el Dr. Seena Fazel, catedrático de Psiquiatría Forense de la Universidad de Oxford y especializado en suicidios en prisión, entrevistó a Assange en el verano de 2020. Fazel encontró que Assange estaba “moderadamente deprimido” y que su intensidad de depresión es susceptible de fluctuar dependiendo de sus circunstancias.
El Dr. Fazel aceptó que Assange estuvo “severamente deprimido” a fines de 2019, cuando fue tratado con medicamentos. Sin embargo, no cree que la capacidad mental de Assange sea tal que sea incapaz de manejar su propio riesgo de suicidio. Fazel estuvo de acuerdo en que Assange tiene “rasgos parecidos al autismo”, pero que, según él, estaría en el extremo más leve de autismo.
El testigo de la Fiscalía admitió no ser un experto en las cárceles estadounidenses y tuvo que conceder que Assange fuera menos capaz de manejar su síndrome de Asperger bajo condiciones SAMs, pues “la desesperanza es un factor de riesgo importante”, así que las “perspectivas sombrías” de “confinamiento solitario y largas sentencias de prisión” aumentan el riesgo de suicidio.
El segundo testigo de la Fiscalía, el Dr. Nigel Blackwood, psiquiatra forense consultor del Servicio Nacional de Salud, determinó que Assange estaba “moderadamente deprimido” y reconoció, “Indudablemente existe cierto riesgo de intento de suicidio en caso de extradición”, pero no cree que se eleve a un “alto riesgo”.
Blackwood argumentó que la persona que enfrenta la extradición debe ser “capaz de controlar” su propio riesgo de suicidio y describió a Assange como un hombre “muy resistente” e “ingenioso”, capaz de controlarse. El Dr. Blackwood estuvo de acuerdo, en general, que colocar a Assange en confinamiento solitario bajo SAMs, lo cual le impediría comunicarse con el mundo exterior, sería “perjudicial” para su salud mental, pero que la cuestión debería ser tratada por expertos en cárceles estadounidenses.
Precisamente, los testigos de la Defensa, especialistas en el tema carcelario norteamericano, coincidieron en que el soporte médico y de prevención de suicidio en dicho sistema es deficiente.
El abogado Yancey Ellis dijo que la cárcel ADC solo contrata a psiquiatras a tiempo parcial y que muchos de sus clientes que necesitaban que se modificara su medicación pasan semanas enteras sin atención psiquiátrica. A los reclusos en riesgo de autolesión los colocan un “traje de prevención de suicidio que inmoviliza los brazos lejos del cuerpo, quitando cordones de zapatos y sábanas, etc.”
El abogado Joel Sickler declaró que Assange solo recibirá los servicios médicos más limitados y que “cualquier sugerencia a este Tribunal de que será evaluado en su totalidad por condiciones médicas o de salud mental es engañosa”
9) Assange y sus abogados fueron espiados ilegalmente por los EE.UU., lo cual imposibilita cualquier juicio justo.
Los testimonios de dos testigos protegidos, exempleados la empresa de seguridad española UC Global, que espió a Julián Assange en la Embajada de Ecuador, fueron leídos parcialmente en la corte.
Los testigos afirmaron que la compañía, por instrucciones de su jefe David Morales, grabó las conversaciones entre Assange y sus abogados para informar a funcionarios de inteligencia estadounidenses.
Morales, un exmilitar español que se declara a si mismo un “mercenario”, incluso habló de envenenar o de permitir el secuestro de Julián Assange.
Según los testigos, alrededor de julio de 2016, David Morales asistió a una feria del sector de la seguridad en EE.UU., donde consiguió un llamativo contrato con la empresa Las Vegas Sands, propiedad de un amigo cercano de Donald Trump.
A su regreso, Morales reunió a sus trabajadores y les dijo: “a partir de ahora jugaremos en Grandes Ligas” y luego, privadamente, confesó que se había pasado al “lado oscuro” refiriéndose a la cooperación con las autoridades norteamericanas y que “los estadounidenses nos conseguirán contratos en todo el mundo”.
Morales comenzó a realizar viajes regulares a Estados Unidos para hablar con “nuestros amigos estadounidenses” y cuando se le preguntaba quiénes eran esos amigos respondía “la inteligencia de Estados Unidos”.
Según el testimonio del testigo # 1, Morales desarrolló un sofisticado sistema de recopilación de información dentro de la Embajada, reemplazando el sistema de cámaras internas para poder grabar sonido. UC Global configuró paquetes de información que David Morales llevaba personalmente a las autoridades estadounidenses, con detalles de la intromisión en la privacidad de Assange, sus abogados, médicos y otros visitantes.
Morales tenía verdadera obsesión por grabar a los abogados del “huésped” (Julián Assange) porque “los amigos estadounidenses” así lo solicitaban.
El testigo protegido # 2, le confesó a la corte que realizó la instalación de micrófonos secretos y nuevas cámaras con captación de sonido y que, por instrucción de Morales, negó ante los diplomáticos ecuatorianos que las cámaras podían grabar audio.
Alrededor de junio de 2017, David Morales solicitó que las cámaras debieran permitir la capacidad de transmisión para que “nuestros amigos en los Estados Unidos”, pudieran tener acceso a la interior de la Embajada en tiempo real.
El testigo # 2 confesó: “No quise colaborar en un acto ilegal de esta magnitud” y agregó que “Morales me indicó que colocara un micrófono (secreto) en la sala de reuniones… y otro micrófono, en el baño al final de la Embajada, un lugar que se había vuelto estratégico porque el señor Assange, quien sospechaba que era objeto de espionaje, mantenía muchas de sus reuniones allí con el fin de preservar la confidencialidad.”
“Toda la Embajada iba a tener micrófonos” agregó. Morales igualmente lo instó a “colocar ciertas calcomanías en todas las ventanas externas de la Embajada”, que tenían como objetivo facilitar la operación de sofisticados micrófonos laser operados desde el exterior con los cuales “nuestros amigos estadounidenses” “capturarían todas las conversaciones”.
El testigo # 2 también declaró: “en una ocasión, David (Morales) dijo que los estadounidenses estaban desesperados y que incluso habían sugerido emplear medidas más extremas contra el “huésped”…. En concreto, la sugerencia de que se dejara abierta la puerta de la Embajada, lo que permitiría argumentar que se trataba de un error accidental, que permitiría entrar a personas y secuestrar al asilado; incluso se discutió la posibilidad de envenenar al Sr. Assange, todas estas sugerencias, dijo Morales, fueron consideradas durante su trato con sus contactos en los Estados Unidos”.
El profesor de derecho internacional de la Universidad de Oxford, Guy Goodwin-Gill, en su testimonio escrito declaró que cuando asistió a una reunión en la Embajada sobre “aspectos legales internacionales del asilo”, el 16 de junio de 2016, sus aparatos electrónicos fueron espiados por UC Global.
Esto fue confirmado por el testigo protegido # 2, al relatar que uno de los miembros de UC Global le mostró el iPad de Goodwin-Gill con “muchos mensajes y correos electrónicos en la pantalla de inicio”, asegurándole que “el contenido del iPad había sido copiado”.
El profesor Goodwin-Gill calificó el espionaje de “injerencia ilegal” en los “asuntos soberanos” de Ecuador, con el propósito de llevar a cabo un enjuiciamiento contra una persona, a quien la Embajada estaba tratando de proteger. “La violación de la soberanía de un estado se uniría entonces a la probable violación de los derechos fundamentales del individuo al debido proceso y a la igualdad de armas legales…” declaró Goodwin-Gill.
Agregó que la vigilancia y el intercambio de “información confidencial privilegiada” deben considerarse una indicación de la motivación política, como intención y propósito de la solicitud de extradición.
En este punto, yo debo agregar que, en mi calidad de exfuncionario diplomático en la Embajada del Ecuador en Londres, soy testigo dentro del caso de investigación criminal en contra de UC Global que se procesa en Madrid y he podido revisar, personalmente, abundante evidencia del espionaje no solo en contra de Julián Assange y sus abogados, sino contra todas sus visitas y los propios funcionarios de la Embajada.
El espionaje incluyó, además, el seguimiento de mis actividades por fuera de la Embajada, lo cual ha sido confesado por los testigos bajo juramento.
Sobre el espionaje norteamericano, la Fiscalía instruyó a la corte que no confirmaría, ni negaría, si las declaraciones de los testigos eran “correctas o incorrectas”. Sin embargo, el ex director de la CIA, Leon Panetta, le ha dicho a la televisión estatal alemana: “No me sorprende, ja, ja… Ese tipo de cosas sucede todo el tiempo. En el negocio de la inteligencia, el nombre del juego es “obtener información de todas las formas posibles” y estoy seguro de que eso es lo que sucedía aquí.”
10) Ecuador entregó, ilegalmente, materiales confidenciales de Assange a los EE.UU., incluyendo documentación de su defensa legal.
La prestigiosa abogada de derechos humanos, Gareth Peirce, miembro del equipo legal de Julian Assange, sometió su propio testimonio escrito a la corte, afirmando que desde el 8 de abril de 2019 (tres días antes del secuestro de Assange en la Embajada) el Departamento de Justicia de EE. UU. instruyó a Ecuador confiscar propiedades y entregar “pruebas” a un “representante del FBI del Reino Unido”, documentó el periodista Kevin Gosztola.
Un documento del 9 de abril de 2019 marcado como “altamente confidencial de la Oficina de Asuntos Internacionales del Director Adjunto” contenía instrucciones para entregar la propiedad de Assange al gobierno de EE. UU.
“Un registro de todo el archivo [de Assange]” fue efectivamente robado, y sin aquello ha sido más difícil armar una defensa en su caso de extradición. Según Gareth Peirce, el día del secuestro de Julián, ella “hizo contacto inmediato con la Embajada con respecto a material legalmente privilegiado, un tema de gran preocupación”, pero “la Embajada ignoró por completo las repetidas solicitudes por teléfono, correo electrónico y correo certificado”.
Cuando el resto de pertenecías de Assange fue recolectada poco después: “Faltaba todo el material legalmente privilegiado, excepto dos volúmenes de documentos de la Corte Suprema y varias páginas de correspondencia suelta”.
La Policía Metropolitana del Reino Unido afirmó que no desempeñó ningún papel en la incautación o retención de ningún material legalmente privilegiado. Entonces parece que Ecuador ilegalmente le entregó esas pertenencias directamente a los EE.UU.
Gareth Peirce atestiguó que, en los días inmediatos al secuestro de Assange, los guardias a cargo de la seguridad “entraban y salían de las habitaciones correspondientes” en la Embajada, junto con un funcionario diplomático, Pablo Roldan, pariente de un embajador de Ecuador cercano del presidente Lenín Moreno.
“Aunque se suponía que las habitaciones estaban selladas, el personal de la Embajada, al que no se le permitió regresar durante una semana, vio que los sellos originales habían sido reemplazados, y los nuevos sellos marcados ‘para propósitos judiciales’”, escribió.
Carlos Poveda, uno de los abogados de Assange en Ecuador, solicitó que el fiscal de Ecuador haga una copia de los registros de la propiedad de Assange el 16 de diciembre de 2019, pero “el fiscal ecuatoriano rechazó esa solicitud”, señaló Peirce.
Los documentos que inspeccionó el abogado de Assange contenían fotografías que mostraban que los sellos de las puertas en la Embajada y una sala que contenía computadoras estaban rotos.
En su testimonio, Peirce confirmó que fue espiada cuando asistió a reuniones legales en la Embajada.
En enero del 2021, la jueza Vanessa Baraitser decidirá sobre la extradición más importante del siglo, por la cual, por primera vez en la historia, un periodista sería juzgado bajo la Ley de Espionaje estadounidense.
La relevancia de esa decisión es tal que de ella depende no solo la vida de Julián Assange, que ya está siendo destruida en la cárcel de Londres, sino el futuro mismo del periodismo de investigación.
Yo agregaría, además, que ese veredicto determinará la vigencia del estado de derecho y la propia soberanía en el Reino Unido.
La jueza tiene sobre su mesa todo un arsenal jurídico para impedir esa extradición, proteger el futuro del periodismo y ubicarse, así, en el lado correcto de la historia. ¿Lo hará?
(Tomado de The Gray Zone)
