Luis Toledo Sande
Aunque solo fuera por dudar sobre la utilidad de los debates —no se habla aquí de guirigayes estériles—, a veces la tentación de guardar silencio es grande, máxime si se añade la idea de que lo más fértil sería abrazar la esperanza —espera con afán optimista— de que los buenos resultados superen a las discusiones. Pero no siempre el silencio es aconsejable ni tiene buen sabor, sobre todo tratándose de las medidas anunciadas para enderezar la economía nacional, paso ineludible hacia la búsqueda de soluciones que le proporcionen al pueblo una vida amable.
La rapidez con que esas medidas se han aprobado es relativa. Durante años varias de ellas han venido analizándose, y hasta validándose, en reuniones del más alto nivel. Pero eso no elimina la percepción de premura, ni preocupaciones basadas en el alcance de lo que se intenta lograr, y en el peligro de aplicaciones erróneas.
Como ocurrirá a tantas otras personas, el articulista recuerda múltiples discusiones sobre proyectos y documentos nacidos a lo largo de la obra revolucionaria, y en función de ella. Un mero ejemplo, y no de los más relevantes, serían los debates de hace más de una década sobre el proyecto de uno de los Códigos del trabajo pensados para ordenar la vida laboral en la sociedad cubana cuando ya se veían venir cambios relevantes no bien reflejadas en el texto.
En un colectivo revolucionario, dos compañeros discreparon a fondo. Simplificando las cosas, digamos que uno de ellos podría considerarse movido por un optimismo sin matices, y el otro por razonamientos que, ante semejante optimismo, podrían parecer escépticos. Uno proclamó enfáticamente su fe en el documento porque estaba inscrito en la obra de la Revolución, y el otro le respondió que si a ella algo le ha faltado no han sido textos lúcidos, incluso grandiosos, animados por la voluntad de servir al pueblo.
Por lo general, la realidad depende del acierto con que se apliquen las ideas, y de la posibilidad de alcanzar lo buscado. En uno y en otra intervienen factores muy diversos: desde veleidades y fallas humanas hasta obstáculos poderosos, y entre estos últimos descuella, para los planes de Cuba, el encono de una potencia rabiosamente empeñada en hacerlos fracasar.
En tal contexto, y en otros, “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”, criterio que merece una puntualización elemental: no viene de un místico estupefacto. Lo sostuvo, al comienzo de su ensayo El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, el fundador del materialismo histórico y de la Primera Internacional Comunista.
Ahora aparecen con signo de urgencia nada menos que ciento setenta y seis medidas valoradas como garantía de una transformación que no puede seguir prorrogándose. Sin la posibilidad de comentarlas una por una, y menos aún en la plenitud de su conjunto, dígase que se presentan esencialmente como pensadas para responder a un reclamo de Fidel Castro, El Líder de la Revolución: “cambiar todo lo que deba ser cambiado”.
Esa es una aspiración vital —lo que se estanca, muere, o deviene inútil, que es un modo de morir—; pero desenrollar el ovillo de esa concentrada formulación en decenas de medidas puntuales es tarea ingente que no dejará de suscitar inquietud. El Comandante no reclamó cambiarlo todo, sino lo que deba cambiarse, y se sabe que no basta el cambio ineludible: es necesario hacerlo bien, y para bien. Que la aplicación de algunas de las medidas, las menos novedosas, haya demorado, cabría asociarlo con preocupaciones legítimas en cuanto al rumbo que los cambios pueden tomar en la arisca realidad, de lo cual hay trágicas experiencias internacionales.
Cuanto más apremien los cambios, mayores deben ser los cuidados —éticos, legales, prácticos— para que los frutos cosechados sean sanos, no contrahechos. Alguien fundamental en la fragua de Cuba como nación y en sus aspiraciones justicieras, sentenció: “Lo primero en política, es aclarar y prever”, y “Gobernar no es más que prever” (VI, 46 y 157).* Pero no pocas decisiones han dejado la imagen de haberse tomado sin toda la previsión necesaria, por lo cual luego de ser decretadas se entendió necesario aplicar controles y cotas que debieron haber nacido con ellas.
No todo podrá preverse al dedillo, pero habría que ver cuántas veces los controles anunciados, y no siempre aplicados eficazmente, han parecido —¿solo parecido?— tardíos, y si acaso las decisiones se tomaron a regañadientes. Para esto último podría haber argumentos razonables, pero que no siempre ni forzosamente borrarán la traza de que, sobre la marcha, se buscó revertir lo acordado, más que afinarlo.
Ahora los peligros no menguan: arrecian como quizás nunca antes. Urge salvar, en un contexto harto hostil, la economía del país en lo que podría ser su peor momento, y con operaciones que no siempre son orgánicamente propias de los ideales de justicia social que deben seguir vivos como guía del proceso revolucionario. Dicho en términos más precisos, de lo que se definió como una “Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes”.
Por inevitable que sea implantar y aun diversificar formas de propiedad privada, algo vale suponer fuera de dudas: ese camino está lejos de ser el más expedito o natural para la equidad en que la justicia merece consumarse dentro de un proyecto social como el cubano. En eso tiene deberes fundamentales que cumplir el Estado, como se ha de concebir y concretar en Cuba: en profunda y activa unión con la ciudadanía, con el pueblo, y sin margen para ingenuidades ni desprevención.
Aquí no caben las fórmulas neoliberales enfiladas a reducir el Estado para bien de los oligarcas, que no salen del aire, sino del éxito de la propiedad privada y el egoísmo, y de uno de los males que la acompañan, la corrupción. Y —dato nada menor— de tal flagelo tampoco la propiedad social se libra por “encíclicas” piadosas.
Para citar señales de ineficiencia práctica de nuestro Estado, bastarían algunas “minucias” impuestas contra el pueblo, a la vista de todos, por dueños de negocios privados que se niegan a recibir pagos por transferencia bancaria y en billetes de baja denominación. Ni hablar del menudo, que ya no parece aceptarse ni en mercados que clasifican como estatales, entre ellos las panaderías de los barrios.
Para rechazar transferencias —o incluso para aceptarlas multando al cliente— aducen conocidos y reales escollos de las conexiones y de la bancarización. Con esta última, que ha establecido buenos servicios y merecería tener mejor suerte, se vincula lo tortuoso que resulta extraer efectivo de los bancos, en lo cual es vox populi que pulula la corrupción orquestada entre bisneros privados y empleados estatales. ¿Podrá contra eso lo que hasta hace poco parecía impensable y hasta obsceno en Cuba: la banca privada? Sobre los billetes de baja denominación argumentan que les resulta molesto manejarlos en sus grandes haberes. Como dueños que son, deciden qué aceptan y qué rechazan.
Hace años que en los billetes cubanos dejó de leerse que son “una obligación del Estado”, ausencia que puede venir de hechos como la diversidad monetaria que ha caotizado al país, y arrinconado a la moneda nacional. Pero esta, con efigies de grandes patriotas, sigue o debe seguir siendo la moneda del país, y una obligación del Estado, aunque se haya podido afirmar que el peso cubano está secuestrado.
Es un crimen permitir que al trabajador estatal activo, y al jubilado —que, salvo conocidas excepciones, tan mal la pasa diariamente—, se les prive de su derecho a que los comerciantes vernáculos cumplan una obligación elemental: aceptar los modos de pago legítimos de los que trabajadores estatales y jubilados disponen para sobrevivir.
El descontrol, anterior en décadas a las medidas ahora aprobadas —y acompañado por otras lacras, como el burocratismo, la desidia y la vagancia—, es un fértil caldo de cultivo para la corrupción. Y ese es uno de los males que El Líder de la Revolución tendría en mente al sostener que nuestros enemigos no podrían destruirnos el país, aunque lo intentan obsesivamente, pero podríamos destruirlo nosotros mismos.
En torno a las privatizaciones y la creación de negocios privados ha faltado la transparencia informativa necesaria para conocer públicamente el origen de los capitales en juego. La opacidad se ha explicado —a saber con qué grado de veracidad o de manipulación— con la necesidad de no darles información a nuestros enemigos, pero lo seguro es que se ha privado de ella a nuestro pueblo: a nosotros mismos.
Todo se complica si —verdad o infundios crecidos al amparo de la opacidad— dichas propiedades se atribuyen a servidores públicos o a familiares de estos, cuando difícilmente unos y otros podrían justificar sus riquezas como ahorro de sus salarios.
No se debe tolerar nada que abra puertas a la corrupción, o a que el país termine subrepticiamente minado por capitales que radiquen en el extranjero, o más concretamente en Miami. Los peligros son aún más graves si las inversiones se financian desde el exterior y sin el control de las leyes y las instituciones cubanas.
El articulista repite aquí en esencia algo que escribió en un texto reciente. ¿Que el país estima necesario aplicar normas de funcionamiento que acaso no sean las más coherentes con los ideales que subyacen en los que son o se supone que sean nuestros propósitos, y han de guiarlos? Pues entonces con mayores razones y mejor tino se debe cuidar la brújula cultural propia de esos ideales. La teoría acertada no es un adorno ni un lujo banal si se quiere hallar el camino hacia una práctica acertada, y no debe confundirse con el teoricismo.
Nuestras instituciones responsabilizadas con la comunicación social, y apoyadas en leyes que se aprobaron para facilitarles y exigirles que cumplan su tarea —y que no han de parar en letra muerta—, deben garantizar logros básicos: que nuestros medios se libren plenamente del secretismo, bajo el cual tantos males pueden ocultarse, ni en el “apoliticismo” que los medios hegemónicos imperialistas manipulan. La mayor responsabilidad en esa lucha la tiene el Estado al frente del conjunto social, que está representado en la ciudadanía y en sus organizaciones políticas y de masas.
Para las fuerzas imperialistas, opresoras, despolitización o desideologización significa borrar de todas partes el pensamiento revolucionario, emancipador, y sustituirlo por el que ellas encarnan y defienden. Suelen hacerlo exitosamente, con grandes recursos materiales, y con desvergüenza y astucia que les permiten enmascarar las falsedades que propagan como si, además de ser las verdades que no son, fueran ajenas a la política y a la ideología. De ahí la derechización que campea en el mundo, con una feroz ofensiva que sataniza el comunismo como si fuera un mal probado y fracasado, cuando no pasa de ser un conjunto de ideales a los que se les ha impedido abrirse paso en la práctica.
Para Cuba, ignorar esa realidad sería un acto suicida, máxime cuando el imperio arrecia el cerco con que lleva décadas intentando asfixiarla. Cuanto mayor es ese intento criminal, más se desbocan sus cómplices, portadores voluntarios de un abyecto síndrome de Estocolmo. La firmeza de la mayoría que constituye el pueblo cubano no impide mecánicamente que dentro de Cuba haya quienes repitan falacias imperialistas como negar la existencia del bloqueo y asumir la leyenda del Estado cubano fallido.
Frente a semejante realidad, toda precaución es poca, y urge pensar y actuar con lucidez. El lenguaje coloquial puede desdibujar hechos, y hablar del pragmatismo como si solo fuera sentido práctico, y no la columna vertebral de la ideología capitalista. No ha faltado en Cuba el funcionario que, al explicar “sus ideas”, emplee entusiastamente una turbia “muletilla pedagógica”: “digámoslo por pragmatismo”.
Y así como, para justificar cambios necesarios en el país, otro le atribuyó al propio Martí una frase que no es suya ni lo representa, y acaso pertenezca a Maquiavelo —“La política es el arte de lo posible”—, en estos días de replanteos ha sido necesario aclarar una vez más el sentido con que el autor de “Maestros ambulantes” sostuvo que, “en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno” (VIII, 289).
Pensaba en lo injusto y nocivo de la miseria, pero no abogaba por el enriquecimiento capitalista. Él, que fue ejemplo de honradez y no cabía en lo común de la naturaleza humana —un coto con el que, sin embargo, deben contar quienes se planteen guiar a un pueblo—, echó su suerte con los pobres de la tierra y, para hacerlo, escogió ser pobre.
Ante indicios que revelen obnubilación por el pragmatismo, no debemos permanecer indiferentes. Uno de tales indicios fue nada menos que el de haber creído aconsejable, quizás para que Cuba “se pareciera más al mundo”, suprimir del preámbulo de la Constitución la referencia a los ideales comunistas.
Impedir tan deplorable supresión fue un acierto del pueblo —que la desaprobó en referendo—, y debe ser suyo asimismo el de lograr que dichos ideales rebasen la letra de la Carta Magna. Eso avala una certeza: también el pueblo está llamado a ser el mayor garante de la lealtad al legado de su Líder, no solo en su Centenario. Debe cuidar que su concepto de Revolución no sea objeto de usos distantes de los ideales que él defendió.
*Las referencias en las citas de José Martí remiten a sus Obras completas editadas en La Habana entre 1963 y 1976, con varias reimpresiones. Los números romanos corresponden a los tomos, y los arábigos a la paginación.
Foto: Cubahora
