Cuando empezó el turbión de micros, pequeñas y medianas privatizaciones —a eso se reduce básicamente la sigla MIPYMES en la práctica nacional de hoy— alguien cuyo nombre no alcanza el articulista a recordar como quisiera, lanzó en las redes una pregunta que más o menos sería: “¿Debe un servidor público ser propietario de establecimientos privados?”
La interrogante, a la que aquí no se intenta dar una respuesta conclusiva, llevaba en sí importantes preocupaciones para Cuba. Podría no tener mucho sentido en países regidos sin más por el capitalismo, donde la sociedad funciona en hombros del mercado, la búsqueda de ganancias y la división en clases. Pero incluso en ese contexto se supone que haya regulaciones para velar por límites indispensables.
En Cuba, sin embargo —mejor dicho: ni siquiera sin embargo, sino con bloqueo—, la realidad tiene otros resortes y desafíos. Luego de la rápida Ofensiva Revolucionaria, que pudo ser todo lo necesaria que fuese pero tal vez se mantuvo por demasiado tiempo, el retorno a las privatizaciones se aplicó también con más prisa que pausa. Y hasta con entusiasmo ostensible en estructuras gubernamentales.
Basta recordar la euforia con que se proclamó que las MIPYMES “no eran parte del problema, sino de la solución”. Aunque hoy el protagonista más visible de tal augurio no estuviera donde está, habría motivos para cuestionar esa alegría ante una realidad que implicaba replanteamientos significativos para la nación. (Replanteamientos se dice aquí, para no usar el término reformas, que se llegó a considerar herético, o diabólico, aunque la realidad lo ha dejado más que pequeño.)
La multiplicación de establecimientos privados la antecedió un relativo estatismo generado en los modos de propiedad por aquella Ofensiva, y se desató cuando aún no solo no se había logrado erradicar las expresiones de corrupción, sino que esta se veía en ascenso. No era, pues, como para asumir tranquilamente las privatizaciones que, de hecho, devinieron una ofensiva de signo inverso.
Por el contrario, todo aconsejaba tener el oído pegado no solo a la tierra, sino bien abierto a la atmósfera, a la vida. Lo raro no habría sido que surgieran contradicciones entre los requerimientos del servicio público y los intereses individuales creados en torno a la creciente propiedad privada. Hay cosas que, de tan inventadas que ya están, no deberían sorprender sino a irremediables incautos.
Este artículo se nutre de inquietudes trasmitidas al autor por la promotora de un proyecto comunitario basado principalmente en la significación del legado de José Martí para una Revolución cuyo Líder, Fidel Castro, reconoció en el fundador del Partido Revolucionario Cubano a su Autor Intelectual. Y puede haberlo reconocido con gusto, con mucho y muy bien fundado gusto incluso, pero seguro que por gusto no fue.
La promotora aludida no ha pedido quedar en el anonimato, sino que ha expresado su acuerdo con que se diga su nombre. Pero el articulista opta por no nombrarla, y tampoco el lugar del país donde ella radica, porque estas líneas no intentan desatar un turbión de acusaciones ni una investigación sobre un caso concreto, sino llamar la atención acerca de la necesidad de reflexionar responsablemente sobre desafíos que tenemos delante, o que nos rodean y asedian.
La realidad que se vive mueve a pensar que las preocupaciones citadas no se deben echar en saco roto con el argumento de que podrían ser exageradas. Vale recordar una vez más el juicio de Ortega y Gasset que aquí se cita de memoria: “Una exageración es la exageración de algo que no lo es”, o sea, de algo que no es una exageración.
La promotora —de cuya tenacidad dan pruebas diversas publicaciones hechas en las redes— confiesa que está viviendo momentos difíciles en su afán de poner en marcha un proyecto de desarrollo local concebido con fines respetables: nada menos que contribuir a elevar en su comunidad la presencia del pensamiento martiano.
Aunque por vía dolorosa, su testimonio mueve a pensar en los Versos sencillos de Martí, dado que estamos en enero y, afirma ella, el trabajo planeado no avanza porque “desde julio estamos esperando, y nadie se manifiesta” ante las gestiones hechas.
Tampoco es necesario nombrar ahora los organismos e instituciones a los cuales la promotora afirma que se ha dirigido en busca de apoyo. Basta una frase muy socorrida en Cuba: la promotora —según ella— acudió a todos los factores, incluida alguna institución comprometida con el arte y que lleva el nombre de José Martí.
Sus conclusiones son alarmantes. Se refiere a representantes de aquellos factores, y acota: “Todos ellos tienen MIPYMES. No les interesa nada, ni la calidad de vida del pueblo”. Y resume: “Duele muchísimo. La verdad no sé qué va a suceder con Cuba. Y con estos millonarios”.
Ojalá la entusiasta promotora cultural esté equivocada y peque en su generalización. Pero indicios hay de que para la patria, más que suponer que esa cubana entusiasta está equivocada lo útil será estar vigilantes para impedir que su dictamen llegue a grados de cumplimiento devastadores, en caso de que no sea posible lograr que no tenga ninguna realización en el país.
Así como durante años vivimos quizás con la ilusión de que en Cuba no habría clases sociales ni, por tanto, lucha entre ellas, ahora no se debe descartar que su surgimiento, o más bien su multiplicación —con la que crecen desigualdades sociales que creíamos en camino de desaparecer—, pase ante nuestros ojos como si estuviéramos o quisiéramos estar ciegos. Y no precisamente en el espíritu de la hermosa metáfora de “Como delante de un ciego / Pasan volando las hojas”.
En otro texto el autor del presente artículo se refirió al uso avieso por parte de medios hegemónicos del llamado Occidente al repudiar hipócritamente a “los oligarcas rusos”. Sería no más que una expresión más del cinismo de esos medios, si no fuera por lo mucho que hay detrás de semejante campaña.
En general, y en los Estados Unidos con expresiones propias, el capitalismo es un sistema oligárquico, y tal vez por eso parece que ya no mencionan a los oligarcas rusos. Pero cuando se regodeaban haciéndolo podían buscar que el público destinatario de sus mensajes pensara en una realidad concreta: dichos oligarcas no se formaron a base de herencias materiales recibidas de la familia del zar derrotado, sino de la corrupción que dio al traste con el llamado socialismo real mientras ellos se enriquecían y replanteaban a fondo, en función de sus intereses individuales, la estructura de clases de la nación.
La unidad que Cuba necesita —y debe cultivar en su pueblo— no puede hacerse ignorando la realidad ni a base de voluntarismo puro. Pero, si la meta del país no es ni ha de ser fomentar una nueva burguesía que medre y crezca a la vista de todos, menos aún debe serlo actuar como Edipo: sacarse los ojos y no ver la realidad.
Lo que se decide no es un código de normas para el funcionamiento de las MIPYMES, sin duda necesario. Se decide algo mucho más importante: la supervivencia de una nación con un proyecto que se declaró y se emprendió como “la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes”.
No es cuestión de consignas, sino de una realidad que debemos tener siempre clara en el pensamiento y en la acción. Urgiría hacerlo aunque el imperio no estuviera arreciando contra Cuba, como arrecia ahora mismo, terribles maniobras que pueden tener dentro de ella aliados dispuestos a expresarse con hechos e ideas, y con esa forma siniestra de la acción que es la aparente indiferencia. O cierta “ingenuidad” que circula abiertamente por las calles luciendo símbolos imperiales.
Imagen de portada: Martirena / Tomada de Granma.
