CUBAPERIODISTAS RECOMIENDA

Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos

Esta Política responde a los Objetivos de la Primera Conferencia Nacional del Partido y a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el 6to. y 7mo. Congresos, y tiene en cuenta las particularidades de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que no ceja en su estrategia de subversión y bloqueo contra Cuba.

Con su aprobación se da respuesta específicamente al Lineamiento 265 aprobado en el 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba y, por su contenido, guarda relación de una forma u otra, con el resto de los Lineamientos. La Política sintetiza el conjunto de objetivos, principios, normas y aspiraciones en el campo de la comunicación social, referidos a intereses de toda la sociedad, que abarcan el Estado, el Gobierno, sus entidades, los medios de comunicación masiva, las formas de propiedad y de gestión económica estatales y no estatales, las organizaciones políticas, de masas y sociales, asociaciones, fundaciones y todos los ciudadanos. Las normas jurídicas que respaldan esta Política se encuentran en proceso de elaboración.

Antecedentes:

Para su elaboración se tuvieron en cuenta antecedentes, relativos a la comunicación, que resumen el estudio de las normas legales desde el siglo XIX hasta el 2013, las estructuras antes y después de 1959, los documentos políticos del PCC sobre el tema, las dificultades del aseguramiento material a los medios de prensa y las organizaciones profesionales que integran el sistema de comunicación, entre otros asuntos.
Principios Generales:

El Partido Comunista de Cuba es rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control.

1. OBJETIVOS

1.1 Contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución Socialista y el Partido.

1.2 Potenciar la actuación consciente y protagónica del pueblo en la actualización del modelo económico y social cubano. Priorizar en ello el liderazgo y compromiso de los jóvenes.

1.3 Reforzar la identidad y la cultura de la nación; preservar la justicia social, la igualdad de oportunidades y la ética humanista y solidaria forjada por la Revolución.

1.4 Fortalecer la cultura del diálogo a nivel social, institucional y comunitario, y el uso responsable de la información y la comunicación; propiciar mayor participación de la población en el control y fiscalización de la gestión pública.

1.5 Contribuir a generar en el país un ambiente de legalidad, defensa del patrimonio público, protección del medio ambiente, de respeto a la dignidad de las personas, los valores, la disciplina y la convivencia social.

1.6 Defender la independencia y la soberanía de la nación.

2. PRINCIPIOS

2.1 Se fundamenta en la Constitución de la República, la política trazada por el PCC para la comunicación social y en la política definida desde 1961 por el líder de la Revolución Fidel Castro en sus Palabras a los intelectuales, con el principio expresado: Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada (…) Por cuanto la Revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la Nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella.

2.2 Abarca a la sociedad en su conjunto y debe ser cumplida por los órganos, organismos y entidades del Estado, el Gobierno, otras formas de propiedad y de gestión no estatales, los medios de comunicación masiva, las organizaciones políticas, de masas y sociales, asociaciones, fundaciones, todos los ciudadanos cubanos y los extranjeros que residan de forma permanente o temporal o transiten por el territorio nacional.

2.3 La información, la comunicación y el conocimiento constituyen un bien público y un derecho ciudadano. Las limitaciones a este derecho están determinadas por la legislación establecida en materia de defensa y seguridad nacional.

2.4 El jefe de la institución, entidad u organización es el máximo responsable de socializar la información pública,garantizar los procesos de comunicación con sus trabajadores y la población -de forma oportuna, responsable, sistemática y transparente-, y conocer las opiniones de la ciudadanía sobre las políticas que conduce para perfeccionar su labor.

2.5 El director de cada medio de comunicación masiva es responsable, de modo personal e intransferible, de la ejecución de la política informativa, editorial y cultural en su órgano, y al mismo tiempo tiene la obligación de fomentar un ambiente de participación de su colectivo de profesionales en la construcción de las prioridades de esa política.

2.6 Defender los valores y símbolos de la nación. Respetar la diversidad cultural, de género, identidad de género, orientación sexual, creencia religiosa, color de la piel y origen territorial, así como la dignidad y la privacidad de las personas.

2.7 La comunicación es un recurso estratégico de dirección del Estado y Gobierno, instituciones, organizaciones, empresas y medios de comunicación masiva. Las políticas y planes de desarrollo serán acompañados de estrategias, campañas, planes y acciones de comunicación y su aseguramiento integral.

2.8 Los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones tienen un carácter público y se asumen por el Estado en beneficio de toda la ciudadanía.

2.9 El Estado mantiene la soberanía sobre el espectro radioeléctrico, de acuerdo con las regulaciones que la ley establece.

2.10 Los medios de comunicación masiva, en cualquier formato o soporte tecnológico, constituyen un bien y un servicio público con la misión de generar contenidos informativos, educacionales, culturales, históricos, deportivos, de entretenimiento, medioambientales, científicos, tecnológicos y de innovación.

Privilegiarán la agenda y modos de hacer nacionales y responderán porque los productos comunicativos extranjeros que se exhiban respeten los principios de esta Política.

2.11 La radio, la televisión, la prensa impresa y otros medios de comunicación masiva así como las plataformas tecnológicas empleadas por estos, son de propiedad estatal o social, según las regulaciones que se establezcan, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada.

2.12 La gestión, así como la producción y comercialización de contenidos de los medios de comunicación masiva, podrán complementarse con producciones, aseguramientos y servicios a contratar con formas de gestión no estatales, en actividades específicas, de acuerdo con la legislación vigente.

2.13 El Estado y el Gobierno mediante sus instituciones, regulan y controlan, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los principios de esta Política en el contenido de los productos comunicativos que se distribuyan y exhiban a través de los diferentes canales y soportes de comunicación, incluidos los servicios de este tipo de las entidades estatales y las formas de propiedad y gestión no estatales.

2.14 Los medios de comunicación masiva se financiarán fundamentalmente por el Presupuesto del Estado. En los casos que se aprueben, también se considerarán los ingresos de la venta de servicios y espacios de publicidad, la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, los ingresos del patrocinio, donaciones y la cooperación nacional e internacional, siempre que estas vías no contravengan la legislación vigente, su política editorial y los principios que rigen nuestra sociedad socialista.

En correspondencia con ello los medios asumirán esquemas de gestión -presupuestado, presupuestado con tratamiento especial, o empresarial– según sus exigencias y características.

2.15 Estudiar y proponer la representatividad y subordinación de cada medio de comunicación masiva y su perfil editorial, incluyendo cuáles deben ser oficiales y cuáles no, así como la conveniencia de que el periódico del Comité Provincial del Partido sea del gobierno local.

2.16 Para ordenar y ampliar de forma dinámica, racional y controlada la publicidad y el patrocinio en el país, mediante el empleo de diversos soportes, se continuarán los estudios para presentar una propuesta con mayor integralidad.

2.17 Desarrollar la comunicación de bien público mediante variados canales y soportes, en función de elevar la calidad de vida de la población y la promoción de normas y valores ajustados a los principios de nuestra sociedad.

3. ACCIONES

3.1 Crear o reorganizar las funciones y estructuras para la comunicación social en los órganos del Estado, organismos de la Administración Central del Estado (OACE), organizaciones superiores de Dirección Empresarial (OSDE), órganos del Poder Popular y otras entidades.

3.2 Diseñar una estrategia de comunicación que acompañe la actualización del modelo económico y social cubano.

3.3 Incorporar contenidos esenciales de comunicación social en los planes de estudio en los niveles de enseñanza que lo requieran y en los programas de preparación de los cuadros. Recalificar a los profesionales que ejercen funciones periodísticas y comunicativas. En los medios de prensa priorizar la selección de cuadros con preparación profesional.

3.4 Establecer para las instituciones, entidades y organizaciones la obligación de conceptualizar y desarrollar las estrategias o campañas de bien público concernientes a sus ámbitos de actuación.

3.5 Incluir en los planes de desarrollo local acciones de comunicación que favorezcan el conocimiento de la gestión gubernamental, la participación de la ciudadanía, el diálogo con el pueblo y refuercen el papel del delegado de circunscripción.

3.6 Priorizar la infraestructura, conectividad y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e impulsar la convergencia digital en los medios de comunicación masiva. Articular el uso de las TIC con los procesos de desarrollo e innovación del país. Potenciarlas como plataforma para propiciar la participación ciudadana, elevar el conocimiento y facilitar la promoción comercial de bienes y servicios.

Establecer las normativas jurídicas, administrativas y éticas que contribuyan al empleo ordenado y responsable de las TIC por vía institucional, social y personal, y actualizarlas en correspondencia con el ritmo acelerado de su evolución y su impacto en la comunicación social.

3.7 Integrar racionalmente los equipos de investigación social y monitoreo en el campo de la comunicación.

3.8 Articular las acciones de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones que deben participar en la proyección de la imagen del país. Establecer las regulaciones necesarias. Definir la Marca País y las normas para su gestión.

3.9 Perfeccionar el componente comunicacional del sistema de protección a los consumidores, dirigido a la educación, información, protección y reconocimiento de sus derechos.

3.10 Actualizar las regulaciones laborales y corregir las incongruencias salariales de los sectores periodísticos y de la comunicación social, según cronograma que se aplique en el país.

3.11 Reevaluar las necesidades de profesionales del periodismo y la comunicación social. Formar en el nivel tecnológico o universitario el personal periodístico y de la comunicación social que hoy no se prepara.

3.12 Utilizar con mayor eficiencia el sistema de control, evaluación, seguimiento y respuesta a las quejas, preocupaciones y denuncias de la población, en interés de la comunicación social.

3.13 Elaborar la política para el desarrollo del diseño como un elemento vital en la eficacia comunicativa de las empresas, instituciones y medios de comunicación, y por su contribución al incremento de la calidad de vida de la población.

3.14 Concluir el proceso de definición y legalización de las especialidades afines al periodismo y la comunicación social que resultan necesarias para el trabajo en los medios de prensa, así como de las figuras del creador audiovisual y del creativo en la esfera de la comunicación social, de forma individual o en equipos multidisciplinarios; favorecer la circulación de las mejores producciones audiovisuales en los diferentes circuitos institucionales.

3.15 Implementar como función en OACE, OSDE, CAP y entidades de todo el país la gestión de la propiedad intelectual. Actualizar las normas jurídicas existentes sobre el Derecho de Autor.

3.16 Continuar estudiando la propuesta sobre la conveniencia y factibilidad de crear un órgano que responda por la conducción de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno, aprobada según la política general trazada por el Partido Comunista de Cuba para su desarrollo; prestar especial atención a su subordinación y funciones. Hasta tanto se concluyan los estudios y se apruebe la decisión que corresponda, el CCPCC continuará desarrollando esta tarea.

3.17 Organizar servicios de consultoría en comunicación, bajo principios empresariales, atendidos por el órgano que se cree. Transitoriamente, debido a su necesidad, establecerlos como funciones de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), hasta tanto se constituya el organismo, momento en que se instituirán las consultorías como entidad.

3.18 Elaborar un Decreto-Ley que establezca el marco legal para el desarrollo de la comunicación social en todas sus formas en los ámbitos mediático, institucional y comunitario.

Nota: Como resultado de la amplia discusión popular, previa a la aprobación de la nueva Constitución de la República de Cuba, en la que participaron más de 8 millones de cubanos, se generaron precisiones que se incorporaron al texto Constitucional, refrendado en Referéndum y que enriquecen esta Política.

(Publicada originalmente en CubaCrece, sitio de la Actualización del Modelo Económico y Social)

Redacción Cubaperiodistas
Sitio de la Unión de Periodistas de Cuba

One thought on “Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos

  1. Muy buena la política de comunicación en general, pero considero que deben aclararse los límites de la privacidad. Creo que todos los servidores públicos, personas que ocupan cargos políticos, ya sean delegados, diputados, presidente, ministros, es decir, todas esas figuras públicas deberían tener aspectos de su vida públicos también, como la cantidad de dinero que poseen en el banco, a dónde van de vacaciones, cuál es el valor de su casa o su carro, su patrimonio, sus familias a qué se dedican, etc. Pues si nos representan y son personajes públicos, entonces el pueblo debe conocer todos esos datos para valorar su desempeño, y así hacer valer la transparencia gubernamental en nuestro país.

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