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Díaz-Canel: “La principal responsabilidad de una institución es escuchar al pueblo”

El Presidente cuestionó la burocracia, la insensibilidad y la falta de respuestas a las reclamaciones ciudadanas. Defendió el derecho de la población a exigir soluciones y propuso que los funcionarios responsables de una atención deficiente comparezcan públicamente para rendir cuentas.

¿Por qué un problema que puede resolverse en un municipio tiene que llegar hasta el Presidente de la República para recibir atención? Esta interrogante atravesó la quinta emisión de Criterio Compartido, transmitida este miércoles 18 de noviembre por Radio Rebelde, con la conducción de la periodista Bárbara Betancourt.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dedicó el espacio a examinar la atención que reciben los ciudadanos cuando presentan quejas, denuncias y reclamaciones ante las instituciones. La burocracia, las demoras injustificadas, el maltrato y la ausencia de respuestas estuvieron entre los principales asuntos abordados.

El mandatario reconoció que muchas de las dificultades que enfrenta la población están condicionadas por la escasez de recursos, pero insistió en que otras tienen su origen en deficiencias administrativas, falta de sensibilidad y una gestión institucional inadecuada.

Escuchar no basta: hay que actuar y controlar

«La principal responsabilidad de una institución es escuchar al pueblo y no quedarnos en la escucha, es escuchar, pero entonces organizar, planificar, actuar y controlar», afirmó Díaz-Canel.

Con esa reflexión, el Presidente situó la atención ciudadana más allá de la recepción formal de una queja. Escuchar, explicó, debe ser el punto de partida de un proceso que conduzca a identificar responsabilidades, adoptar decisiones, ejecutar soluciones y comprobar sus resultados.

Durante el programa cuestionó prácticas que afectan directamente la relación entre la población y las instituciones: llamadas telefónicas que nadie responde, cartas que permanecen sin contestación, trámites que se prolongan innecesariamente y reclamaciones que pasan de un organismo a otro sin que ninguno asuma su responsabilidad.

«La falta de respuesta institucional duele, duele mucho a la gente».

La afirmación resume una de las preocupaciones centrales del espacio: las consecuencias de una atención deficiente no se limitan al problema que motivó la reclamación. También afectan la confianza de las personas en la capacidad de las instituciones para atender sus necesidades.

Díaz-Canel subrayó que las restricciones económicas y materiales no pueden convertirse en una justificación permanente para la inacción. Aunque determinadas soluciones requieren inversiones o recursos que no están disponibles de inmediato, otras dependen fundamentalmente de la organización, la gestión y la voluntad de los responsables.

De 46 casos visitados, 20 fueron solucionados

La emisión permitió conocer los resultados del seguimiento a las llamadas recibidas durante el programa anterior.

Según el balance presentado, fueron visitados 46 casos, correspondientes a 41 quejas y cinco opiniones. De las reclamaciones examinadas, 29 fueron consideradas con razón, cinco con razón en parte y siete sin razón.

Hasta el momento de la emisión, 20 problemas habían sido solucionados, mientras otros 13 permanecían pendientes por requerir recursos materiales. También continuaban bajo seguimiento 27 casos procedentes de programas anteriores.

El abasto de agua volvió a aparecer como la principal preocupación de la audiencia, con 18 de las 41 quejas registradas. Se recibieron, además, reclamaciones relacionadas con situaciones de vulnerabilidad, vivienda y asuntos jurídicos.

El Presidente destacó que una parte de las soluciones alcanzadas no había necesitado grandes inversiones. En varios casos, los resultados dependieron de una actuación más efectiva de las instituciones encargadas de atenderlos.

Esta constatación permitió distinguir entre los problemas cuya solución está limitada por la disponibilidad de recursos y aquellos que persisten por deficiencias organizativas o falta de respuesta administrativa.

Las respuestas burocráticas también son una forma de desatención

Uno de los casos analizados fue el de integrantes de la Asociación Nacional del Ciego en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, quienes denunciaron dificultades para disponer de una sede y recibir atención social.

Durante años, los afectados habían recibido promesas de solución que no se concretaron. El Presidente cuestionó esa manera de proceder y rechazó que las instituciones consideren cumplida su responsabilidad mediante explicaciones formales que no modifican la situación de las personas.

«Esas no son respuestas adecuadas, esas son respuestas burocráticas y una de las cosas que queremos romper con esto es la burocracia».

La discusión puso de relieve la distancia que puede existir entre los procedimientos administrativos y las necesidades reales de la ciudadanía. Para quienes presentan una reclamación, una respuesta institucional solo adquiere sentido cuando ofrece una explicación fundamentada, establece responsabilidades y, cuando corresponde, conduce a una solución.

Díaz-Canel también rechazó el maltrato a quienes acuden a las instituciones y las posibles represalias contra ciudadanos que ejercen su derecho a reclamar.

«El problema es de todos y todos tenemos que ayudar a resolverlos», expresó.

En ese contexto, propuso que próximas emisiones de Criterio Compartido incluyan la participación de funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades, para que expliquen públicamente su actuación y rindan cuentas ante la población.

La propuesta incorpora una dimensión de control público al seguimiento de las quejas: no solo conocer qué ocurrió con una reclamación, sino también por qué no fue atendida oportunamente y quién debía responder por ella.

La ley establece un plazo general de 30 días para responder

La viceministra primera de Justicia, Yailet Peña, explicó durante el programa las disposiciones de la Ley 167, del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones de las Personas, vigente desde el 13 de marzo de 2025.

La normativa establece un plazo general de 30 días naturales para tramitar y responder las reclamaciones ciudadanas, con posibilidad de prórroga en circunstancias excepcionales.

Cuando una administración incumple sus obligaciones, las personas disponen de mecanismos de reclamación administrativa y, según corresponda, pueden acudir a los tribunales.

Peña informó que durante 2026 el Ministerio de Justicia ha supervisado unas 1.500 entidades para evaluar el cumplimiento de estas disposiciones.

El Presidente solicitó reforzar el control sobre la aplicación de la ley y recordó que el derecho de los ciudadanos a presentar quejas y peticiones está reconocido constitucionalmente.

La existencia de un marco jurídico, sin embargo, no elimina por sí sola las dificultades en la atención. Su eficacia depende de que las instituciones cumplan los plazos establecidos, respondan de manera fundamentada y asuman las responsabilidades derivadas de sus decisiones u omisiones.

Holguín: escuchar directamente a quienes viven los problemas

La quinta emisión contó también con la participación de Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Partido en Holguín, quien expuso experiencias desarrolladas en esa provincia para fortalecer la comunicación con la ciudadanía y el seguimiento a sus planteamientos.

Entre ellas destacó Código QR, un programa que articula encuentros comunitarios, transmisiones radiales, atención a reclamaciones y coordinación entre diferentes instituciones.

Queipo Ruiz explicó que el intercambio directo con la población ha permitido identificar problemas y encontrar alternativas de solución a partir de las propias propuestas ciudadanas.

La experiencia parte de una premisa: quienes enfrentan cotidianamente una dificultad pueden aportar información y propuestas decisivas para resolverla. La comunicación institucional, por tanto, no debe reducirse a informar decisiones, sino que también necesita incorporar la participación de las personas afectadas.

Díaz-Canel valoró la multiplicación de estos espacios de diálogo en distintas provincias, aunque precisó que el objetivo no consiste únicamente en crear nuevos programas de radio.

Lo fundamental, señaló, es que las instituciones mejoren su funcionamiento cotidiano y desarrollen una capacidad permanente para escuchar, atender y solucionar los problemas sin necesidad de que estos lleguen a los niveles superiores de dirección.

¿Por qué los problemas tienen que llegar hasta el Presidente?

En las reflexiones finales, Díaz-Canel retomó una de las contradicciones que había quedado expuesta durante el seguimiento de las reclamaciones: situaciones que permanecen sin resolver durante meses o años comienzan a recibir atención cuando son examinadas en un espacio nacional.

El mandatario insistió en que los cuadros y funcionarios deben asumir sus responsabilidades en el nivel donde corresponde atender cada asunto.

«Que los cuadros que están por debajo no esperen a que el problema llegue a la máxima dirección del país para ocuparse de él».

La reflexión apuntó a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las administraciones locales, las entidades y los organismos responsables de los servicios públicos.

También reiteró la importancia de diferenciar las dificultades objetivas derivadas de la escasez de recursos de aquellas provocadas por la burocracia, la desorganización o la falta de sensibilidad.

En el primer caso, las instituciones tienen la obligación de explicar las limitaciones, gestionar alternativas y mantener informados a los afectados. En el segundo, corresponde corregir las deficiencias y exigir responsabilidades.

El Presidente defendió una cultura de servicio público sustentada en la participación popular, la sensibilidad, la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas.

La quinta emisión de Criterio Compartido dejó así una cuestión que trasciende el espacio radial: la calidad de la relación entre las instituciones y la ciudadanía no puede medirse únicamente por la cantidad de quejas recibidas o respuestas emitidas, sino por la capacidad efectiva para gestionar los problemas y ofrecer soluciones.

Escuchar al pueblo constituye una obligación de los servidores públicos. Responder, actuar y rendir cuentas permite comprobar hasta qué punto esa responsabilidad se cumple.


Criterio Compartido se transmite por Radio Rebelde, dentro del espacio Haciendo Radio, con la conducción de la periodista Bárbara Betancourt.

Fuente: Quinta emisión de Criterio Compartido, Radio Rebelde, 18 de noviembre de 2026.

Escuche Radio Rebelde: Acceder a la transmisión.

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Redacción Cubaperiodistas
Medio de Comunicación de la Unión de Periodistas de Cuba

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