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COLUMNISTAS

El parque que se robaron

Días atrás escuché a una señora comentar que el parque de su barrio lo habían robado.

No duró ni tres meses tras su remozamiento, expresó indignada. Bombillos, faroles, asientos, jardineras, cestos de basura y hasta las matas de rosas salieron caminando de día y noche.

¡Nadie vio nada! ¡Nadie hizo nada! Fui varias veces a denunciarlo a la PNR, hablé con los vecinos, el presidente del Comité, el delegado del Poder Popular, el núcleo zonal del PCC, el jefe de los CVP de la empresa que radica frente a la ya desvencijada plaza. Todos decían que tomarían medidas, hasta que llegué a la conclusión de que los culpables fueron la complicidad y la indolencia, cuando un funcionario de Comunales, con toda la desfachatez del mundo, me dijo: “Abuelita, la culpa es de la covid-19”.

El relato de esta ciudadana es un botón de muestra de la pérdida de valores que padecemos. Esas imposturas permanecían agazapadas, en unos casos, o discurrían con guiño cómplice por el cuerpo social desde hace mucho tiempo.

Y no hay que maquillar la realidad: semejante proceder está a la vista de todos.

El 7 de julio de 2013, en una intervención ante la Asamblea Nacional, el general de ejército Raúl Castro reconocía el problemón: “Hemos percibido con dolor a lo largo de más de 20 años de periodo especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad, ante los problemas de los demás”.

En su discurso exponía el entonces primer secretario del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que la sociedad había pasado a ver como normal el robo al Estado, la comercialización ilícita de bienes y servicios, el acaparamiento de productos deficitarios y su reventa a precios superiores, las violaciones de pecios, la aceptación de sobornos y prebendas. Y subrayaba: “Todo esto sucede ante nuestras narices sin concitar la repulsa y el enfrentamiento ciudadano”.

El fenómeno se ubica comúnmente en el ámbito de la indisciplina social y su abordaje suele quedarse en el hecho puntal, anecdótico sin que llegue a conformarse una cabal compresión de su complejidad y consecuencias para la sociedad en la opinión pública.
Para el entendimiento del tema de referencia es menester partir de las coordenadas de la disciplina social y el correspondiente cuerpo normativo que la ampara, en tanto componente esencial de la vida en sociedad destinada a garantizar el bienestar y calidad la vida dentro del contexto de las colectividades que constituyen la armazón de una nación.

Ello se asienta en el principio de la igualdad social como un derecho fundamental de todo individuo. Es decir, buena parte del ejercicio cotidiano de la disciplina social surge de los valores morales y éticos que conforman el corpus referativo de cada ciudadano y colectividad.

De ahí que el problema no es un hecho conductual fortuito, coinciden expertos de diferentes latitudes. En Colombia, por ejemplo, la investigación titulada Indisciplina social, análisis y aproximación social causal, del 2020, sostiene que dicho fenómeno se identifica en la actitud y respuesta de los individuos y sus comunidades ante la materialización de condiciones de pobreza, marginamiento, falta de oportunidades, precariedad habitacional, educación deficiente, familias disfuncionales, carestía de la vida, salarios insuficientes, déficit de empleo pleno y decente.

Se suma a lo antes expuesto el desigual desarrollo regional, servicios de salud deficientes o ausentes, sistemas educativos ineficientes, desesperanza y ausencia de futuro, falta de legitimidad de instituciones del estado, la discriminación abierta o encubierta por la condición de clase social, lugar de residencia, sexo, raza o religión, entre otros factores que van tejiendo una acción de respuesta a esa adversidad.

A la hora de examinar el tema, un aspecto nodal a diagnosticar es la estructura de la economía mediante indicadores que muestren inobjetablemente virtudes y falencias del modelo económico vigente, cuyo correlato se encuentra en la cotidianidad de vida material y espiritual en la de la población.

En las condiciones sui generis de nuestro país, el abordaje del problema de la indisciplina social amerita una concertación mucho más abarcadora e intensa de la que, al menos, se trasluce. Por ejemplo, poco se conoce de la actividad de nuestros cientistas sociales en este ámbito y del fluido diálogo que, se supone, debe caracterizar la relación con las más altas instancias decisoras del país.

Hay que sacar del lugar común, de la consigna, de la inercia, la percepción y el abordaje que hacen las organizaciones de masas y el resto de las instituciones interactuantes en cada localidad donde hace falta ser más proactivos desde el conocimiento de causa. No digo una verdad de Perogrullo, si reiteramos que es en la comunidad donde se asienta la vida de las familias y los conglomerados estudiantiles y de trabajo, donde palpita con todos sus colores con más fuerza el acontecer.

La educación es un escenario decisivo para abordar el comportamiento social y, por tanto, el aula deviene laboratorio en tanto confluyen las vivencias de la vida familiar y comunitaria con el hacer transformador inherente a la escuela, pues en ella se cuecen y afianzan las normas de comportamiento y razonamiento en función del buen actuar.

Es decir, el centro escolar debe enfocarse más hacia las particularidades educativas y conductuales de su entorno, y los claustros mostrar más iniciativa a la hora de concretar las líneas generales que dimanan de las instancias rectoras de su actividad no pocas veces revestidas de generalidades verticalistas e interpretadas desde la rigidez burocrática.

Si bien es cierto que el delito, las ilegalidades y las contravenciones se enfrentan de la manera más sencilla: haciendo cumplir lo establecido por la Ley, como expresaba Raúl Castro en el discurso de referencia, no es menos cierto que el carácter educativo, ejemplarizante de las sanciones discurre por caminos tortuosos en lo tocante a su debida divulgación. Si la norma jurídica es de estricto acatamiento para todos, el castigo a los violadores debe ser del conocimiento de la opinión pública con igual requerimiento informativo para infractor del barrio como para el de “cuello blanco”.

En esta confrontación contra la indisciplina social los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental para enviar mensajes claros de forma directa e inmediata a la comunidad en general desde una perspectiva sistémica y holística, con una contrapartida efectiva que devuelva a las redacciones el impacto del mensaje.
Es sabido que no pocas acciones para conjurar la indisciplina social pasan por la salida de la precariedad económica que afecta el país, cuya posible solución va de la mano de múltiples contratiempos bien conocidos por todos. Pero hay muchas otras cosas que se pueden y deben hacer con urgencia, en especial, el rescate y siembra de valores.

Aún estamos a tiempo de que el asunto de marras se convierta en una grave lesión en el cuerpo social.

Roger Ricardo Luis
Roger Ricardo Luis
DrC. Roger Ricardo Luis. Profesor Titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Jefe de la Disciplina de Periodismo Impreso y Agencias. Dos veces Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí.

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