El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está considerando obligar a los periodistas que publicaron el informe de inteligencia del Pentágono sobre las incursiones militares estadounidenses en Irán a revelar sus fuentes, y no descarta procesar a quienes no lo hagan.
“Hay que acercarse a los periodistas y preguntarles: ‘¿Quién les dio el informe?'”, declaró el presidente en una entrevista con Fox News, según recoge una nota del sitio italiano www.ansalatina.com
“Eso es lo que hay que hacer, y creo que lo haremos”, añadió Trump, pese a que en Estados Unidos la Constitución generalmente protege a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes. No obstante, ello tiene límites, con interpretaciones propias desde cada parte.
Ni los pesos pesados del periodismo escapan de la intimidación: en los últimos días, Trump ha amenazado con demandar a CNN y a The New York Times, que publicaron un informe preliminar sobre el ataque a la República Islámica de Irán, y ha pedido el despido de los periodistas que escribieron la noticia.
Este es un asunto trascendental para el periodismo de investigación, que no escapa a los vaivenes del poder ejecutivo estadounidense. En julio de 2021, una nota de la página web www.swissinfo.ch asentaba la prohibición del Gobierno de Joe Biden a los fiscales federales a usar órdenes o citaciones judiciales para identificar las fuentes protegidas de los periodistas, después de que se revelaran esfuerzos de esa naturaleza bajo el primer mandato de Trump.
“El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias”, escribió el entonces fiscal general, Merrick Garland, en una directiva a sus colegas federales.
La nueva norma también aplicó en ese tiempo para la difusión de información clasificada, lo cual representó un cambio exigido durante años por las asociaciones que defienden la libertad de prensa. Los fiscales, sin embargo, conservaron el uso de su arsenal legal contra los sospechosos de ser la fuente de filtraciones de información confidencial.
Las excepciones de esa directiva radicaban en que hubiera sospechas de que el periodista cometiera un acto ilegal -como tráfico de información privilegiada- o utilizara un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos. Igualmente, si la intrusión evitaría la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.
Para asegurarse de que la medida perdure en el tiempo, el ahora ex fiscal general solicitó a su estructura la recisión de todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.
Ya en esa fecha, se conocía que el cambio se daba luego de la revelación de una batalla legal librada en secreto por la anterior administración Trump para obtener los correos electrónicos de los reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes.
La cadena CNN también informó que el primer Gobierno de Trump había buscado y obtenido en sigilo los registros telefónicos y de correo electrónico de sus corresponsales, soslayando que en Estados Unidos la filtración de información confidencial es ilegal según la Ley de Espionaje de 1917.
En el punto hay historias que escribir, de la propia prensa, como la de la reportera Judith Miller, quien, en 2005, pasó casi tres meses en prisión porque no reveló sus fuentes en un caso de divulgación de la identidad de un policía de la CIA.
Después de otro escándalo en 2013, la administración demócrata de Barack Obama creó nuevas reglas e impuso a los altos funcionarios del Departamento de Justicia la obligación de obtener permiso para cualquier mandato contra periodistas, pero sin renunciar a la práctica.
Trump presiona a contracorriente. Nada más llegar a la Casa Blanca en 2017, intensificó los esfuerzos para castigar a los responsables de las filtraciones, calificados por él como “traidores”.
Joe Biden tuvo otras maneras y anunció en su momento la intención de renunciar a estas herramientas coercitivas. “Convocar a periodistas en relación con investigaciones sobre filtraciones políticas no concuerda con la orientación política del presidente”, dijo alguna vez sobre él su portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Las asociaciones de periodistas saludaron en 2021 la prohibición del Gobierno de Biden a los fiscales federales de usar órdenes o citaciones para identificar las fuentes protegidas y comunicaron que la nueva política era histórica y permitiría “… a los periodistas hacer su trabajo de informar al público sin tener que temer una intromisión del Gobierno federal en su relación con sus fuentes”.
Dueño y señor otra vez de la Casa Blanca, Donald Trump no solo echa por tierra tal garantía, sino que amenaza con represalias directas tanto a informadores como a informantes.
Imagen de Portada: Donald Trump. Foto: france24.com
