COLUMNISTAS

Impunes y “analógicos”

Un cartel escrito a mano sobre el mostrador del negocio privado dice por las claras y con rotulador rosado fosforescente lo que todo el mundo ya sabe. “No se aceptan billetes de 5, 10 ni 20 pesos”. Tampoco se puede pagar con transferencias por pasarelas de pago electrónicas, aunque de eso no hay alertas, quizás porque sería demasiado evidente que allí no piensan cumplir lo que manda la ley.

En los negocios estatales el problema es otro: la falta de ofertas. ¡Cómo nos cuestan los equilibrios!

En agosto pasado la Resolución 111 de 2023 del Banco Central de Cuba (BCC) introdujo cambios en los límites de extracción y depósito de efectivo y resolvió incorporar a los actores no estatales de la economía al programa de bancarización, que busca mayor trazabilidad de las operaciones bancarias, privilegiando el componente electrónico.

Según se explicó entonces, sería un proceso gradual que iría cumpliendo “metas volantes” en la medida en que estuvieran creadas las condiciones en cada territorio. Hubo quien, mirando las posibilidades reales de mejorar lo objetivo, se dijo: “eso es para octiembre”.

Los primeros impactos, por tanto, nos devolvieron un panorama con escaso efectivo, colas abrumadoras en los cajeros automáticos y sucursales bancarias sobrepasadas en su capacidad de respuesta. Algunos de esos efectos se mantienen, pero con menos intensidad.

Tres meses después, las autoridades del BCC reconocían en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, que “las transacciones bancarizadas crecen a un ritmo mensual de 0,6 por ciento”, una dinámica a todas luces lenta y que no permite recuperar, siquiera, el tres por ciento de retroceso con respecto a 2022.

También pronosticaron cerrar el año con un crecimiento de casi el 30 por ciento en las operaciones por canales electrónicos de pago, un cálculo basado en la entrada en vigor, el 2 de diciembre, de la Resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior, que estableció la obligatoriedad para las personas naturales y jurídicas autorizadas a realizar actividades comerciales y “objeto de inscripción en el Registro Central Comercial de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor”.

Cumplida la primera quincena del mes en curso no se notan los cambios que exige la norma. Nadie dijo que se ejecutarían en un dos por tres, es cierto, pero tampoco que habría esta cierta indiferencia de no pocos ante la urgencia. No tenemos noticias sobre las operaciones bancarias de depósito y extracción, pero lo que sí estamos viendo y viviendo es la negativa de los titulares y administradores de establecimientos comerciales a emplear el código QR.

Mientras, quien sale perdiendo es el ciudadano-cliente, que no solo debe lidiar con el escasísimo poder adquisitivo de su dinero, sino con el camino empedrado por las exigencias de pagos con efectivo y en billetes de alta denominación.

En todo caso, como dijimos desde el primer día de vigencia de cada una de estas resoluciones —y por eso hablo de ciudadano-cliente y no cliente a secas—, hay un peligro mayor, aunque menos visible: la impunidad, el actuar al margen de la institucionalidad, la inobservancia del cuerpo legal que rige procesos, actividades, conductas.

Si bien la propia Resolución 93, en su primera disposición final, encomienda a “los jefes de las direcciones estatales de Comercio o de Comercio, según corresponda, y los directores de la Dirección de Inspección Estatal de este Organismo y del Registro Central Comercial”, controlar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de lo dispuesto, parece difícil que ese reducido cuerpo de inspectores pueda llegar a cada establecimiento comercial, de manera que la ley cumpla sus cometidos de educar y regular (o viceversa).

Puedo estar equivocada y se trate solo de la época del año, de los trámites para contratar los servicios de EnZona y Transfermóvil, del desconocimiento, pero si a mediados de agosto parecía impostergable una acción fiscalizadora eficaz, el cierre de diciembre le queda debiendo mucho a la gente.

Tomado de Invasor

Foto de portada: Ilustración de Martirena. Tomada de Trabajadores

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Sayli Sosa Barceló
Periodista del periódico Invasor, Ciego de Ávila

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