Parlamentarios de Gran Bretaña se han sumado a la demanda para que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no sea extraditado a Estados Unidos, cuando acaban de cumplirse cuatro años de su brutal arresto en la sede de la Embajada ecuatoriana en Londres.
Desde aquel 11 de abril de 2019, Assange fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece virtualmente incomunicado, con visitas escasísimas solo de sus familiares y abogados, y se deteriora su salud física y sicológica.
Mientras, se ventila el pedido de extradición que ha formulado Washington contra el periodista que dio a conocer los crímenes de los hombres del Pentágono en Irak y Afganistán al socaire de la falsa «lucha contra el terrorismo», y sacó a la luz las atroces torturas a que eran sometidos los reos ilegalmente recluidos en el territorio que ocupa la Base Naval de Guantánamo, usurpado a Cuba.
El proceso se encuentra en la fase de apelación luego de que la ministra del Interior británica, Priti Patel, aprobara la extradición de Assange, el 17 de junio del año pasado.
En Estados Unidos, el periodista enfrentaría 18 cargos relacionados con supuesta conspiración para la intrusión informática y revelación de documentos clasificados, y recibiría penas de prisión tan altas que el resto de su vida no le alcanzaría para cumplirlas.
Además, la defensa ha reiterado que allí no habría condiciones para salvaguardar su integridad.
Algunas de esas verdades están en la carta que parlamentarios del Reino Unido escribieron este martes al fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, para solicitar que cese el proceso, una petición que ya han formulado congresistas de otros países y voces a favor de la justicia.
Según dio a conocer el sitio web público.es luego de conversar con Aitor Martínez, abogado de Assange, la defensa ha presentado un recurso y, de desestimarse, podría acudir a la Corte Suprema y, «de ser necesario», presentaría otra apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ante la Alta Corte, se expondrían elementos como «lo relativo al principio de doble incriminación, es decir, si la Ley de Espionaje de 1917 de Estados Unidos sería aplicable en Reino Unido a un periodista, simplemente, por publicar información veraz proveniente de fuentes legítimas. O lo relativo al principio de proporcionalidad, con potenciales penales de 175 años de cárcel simplemente por ejercer el periodismo de investigación», explicó Martínez a público.es.
El real «delito» de Assange fue cumplir con la máxima periodística del deber de informar y, con su reclusión, se vulnera cada día el vapuleado principio, tan manipulado por Washington, acerca de la llamada libertad de expresión: su vigencia está cada vez más en tela de juicio.
Nuevas filtraciones
Este nuevo aniversario de la detención de Assasnge coincide con la develación de documentos secretos relacionados con el papel de Estados Unidos en el conflicto Rusia-Ucrania que, tempranamente, algunos medios han considerado como la revelación más importante desde la divulgación de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional por parte de Edward Snowden, en 2013, que siguió a las publicaciones de WikiLeaks.
El sospechoso de ser autor de las nuevas filtraciones fue identificado por el Fiscal general de Estados Unidos como Jack Teixeira, un joven empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y líder del grupo de chat en línea donde aparecieron por primera vez los documentos. Teixeira, comentó Página 12, fue detenido «sin incidentes» en North Dighton, estado de Massachusetts, durante un arresto transmitido con toda parafernalia por las cadenas de televisión.
