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Un sueño largamente acariciado

El acceso a la información veraz, objetiva y oportuna, es un derecho constitucional de los cubanos. Bajo este concepto se está gestando, sobre sólidas bases, la futura Ley de la Comunicación Social. En la actualidad, el contenido de la importante norma jurídica transita en forma de Anteproyecto por una consulta colectiva que tiene lugar en todo el país.

Con más de 500 opiniones recogidas a lo largo de ese proceso de análisis, el documento continúa despertando el interés, no solo de quienes tienen que ver con los medios de información y todo el sistema de la prensa, sino también de múltiples actores de la sociedad.

Sin dudas, es un debate que enriquece y consolida la estructura definitiva de ese instrumento legal que regulará la labor comunicacional en los ámbitos mediático, institucional y comunitario, donde el ciudadano sea el sujeto principal. Sin embargo, todavía deberán quebrarse algunos retos en el camino hacia lograr ese anhelo largamente acariciado por el gremio.

Bien lo saben algunos de los integrantes del Grupo Asesor de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), quienes fueron protagonistas en intentos anteriores de tener una Ley de Prensa en Cuba. Así lo rememoraron durante el reciente encuentro que sostuvieron en la sede nacional de la organización, en La Habana, para  exponer sus criterios, sugerencias y propuestas al actual Anteproyecto.

Presidida por Jorge Legañoa, vicepresidente de la organización, y con  la asistencia de unos 43 miembros del Grupo, en la reunión se escucharon más de una docena de intervenciones que incluyeron criterios acerca del derecho del periodista a obtener con transparencia la información de interés público, a investigar y acceder a las fuentes y los datos necesarios para conformar su trabajo y la obligación de los funcionarios y directivos de facilitar esa gestión.

También se insistió en ampliar los elementos relacionados con el acatamiento de la ética profesional y ciudadana frente a un suceso noticioso; esclarecer más el tema de la publicidad y su uso como actividad comercial; reiterar las palabras “formación, obligatoriedad, periodistas y UPEC” en el texto pues apenas se mencionan en los artículos que lo conforman. Asimismo se enfatizó en la necesidad de disponer de un amplio glosario de términos que favorezca la comprensión del documento, tanto por los profesionales de la prensa como por los diversos públicos.

Debate en el grupo.

Al intervenir en esos razonamientos, Legañoa señaló que el Anteproyecto tiene un carácter transdisciplinario pues en su construcción ha contado con la participación de la academia, el ICRT, la Asociación de Comunicadores Sociales, la Uneac, la Universidad de La Habana y la UPEC, entre otras entidades. Además de consultarse una cifra superior a los 600 documentos, tesis de los Congresos del PCC, las políticas gubernamentales y tomar como referencia las experiencias propias y de varios países en este tipo de Ley.

El desarrollo, la innovación y la investigación en la comunicación social y su articulación como sistema, fueron otros aspectos comentados por Legañoa quien resaltó a la comunicación comunitaria como lo más novedoso dentro de la norma legal. De hecho, esta resulta “un vehículo dinamizador del desarrollo económico, social y cultural a partir de los intereses ciudadanos y las prioridades estratégicas de cada territorio”.

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