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La crisis económica en Cuba y su enfrentamiento en el 2020: una actualización (III)

III

Un elemento de notable importancia en el caso cubano es que a pesar del negativo impacto provocado por la pandemia y el endurecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, el país ha hecho todo lo posible por continuar las transformaciones económicas para hacer más eficiente la gestión económica y avanzar en el desarrollo.

Procediendo en consecuencia, el Consejo de Ministros anunció el 4 de mayo del 2020 el ajuste del Plan 2020 sobre la base de la reducción de los gastos, a lo que el ministro de Economía y Planificación añadió que se priorizarían las exportaciones, la producción de alimentos, los medicamentos y productos de aseo.

El pasado 9 de junio se dio a conocer que en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, se aprobaron las indicaciones para la elaboración de la estrategia económica a implementar para la etapa post COVID-19.

Esta estrategia se desarrollaría partiendo de la premisa de avanzar en la recuperación más inmediata de la actividad económica, compuesta a su vez de tres fases que se aplicarían gradualmente en función del control que se fuera logrando sobre la pandemia en el país, situando como primera prioridad la salud de la población.

Finalmente, el 16 de julio se dio a conocer la Estrategia Económica y Social para el Fortalecimiento de la Economía y el Enfrentamiento a la Crisis aprobada por el Consejo de Ministros, la que supone la aplicación de medidas de carácter coyuntural y estructural a desarrollar entre el 2020 y el 2021.[1]

Esta estrategia parte de aplicar los acuerdos recogidos en los documentos aprobados en el VI y VII Congresos del PCC, a lo que se añade continuar enfrentando las consecuencias de la Covid-19 y el bloqueo económico de EE.UU.

Ya en estos momentos se han dado a conocer medidas concretas que se están aplicando en este sentido. Así se ha flexibilizado la gestión del sector privado y el cooperativo implementando la posibilidad de exportar e importar directamente por los mismos; se ha anunciado una nueva definición más flexible de las actividades aprobadas para el sector no estatal: se dio a conocer la creación de un banco de fomento agrícola; la emisión de bonos de deuda pública que podrán ser adquiridos por empresas y personas naturales; se dieron a conocer 15 decisiones que otorgan mayores prerrogativas a las empresas estatales; se aprobaron un conjunto de medidas para mejorar el proceso de comercialización de la producción agropecuaria y se anunció el próximo inicio del proceso de reunificación monetaria y cambiaria, entre las medidas más importantes.

También se ha iniciado un programa de comparecencias públicas de ministros y otros dirigentes para exponer detalles de la política económica y la estrategia que se propone aplicar.

El desarrollo de la estrategia de recuperación deberá  llevarse a cabo –como ya se dijo- en circunstancias sumamente complejas, por lo que la diferencia entre los problemas coyunturales –a corto plazo- y los estructurales –a mediano y largo plazos- no deben verse como fenómenos totalmente independientes.

Algunas ideas resultan muy importantes en este sentido, ya que para que exista el futuro tienen que resolverse urgentemente un grupo de problemas del presente y –a su vez- la solución de los mismos no puede entrar en contradicción con proyecciones de más largo alcance. En el análisis de las medidas coyunturales que merecen una atención especial a corto plazo hay tres temas centrales: la seguridad alimentaria, el incremento de los ingresos en divisas y en el crecimiento del monto y la eficiencia de las inversiones, los cuales se examinarán por separado más adelante en este trabajo.

Por otro lado en la actual coyuntura se ha decidido la aplicación -lo más inmediatamente posible- de una medida de carácter estratégico: la reunificación monetaria y cambiaria, designada ahora como la Tarea Ordenamiento, ya que su ejecución supone un proceso que va más allá de la esfera monetaria propiamente.

Al respecto es necesario recordar que este régimen monetario surgió en el verano de 1993, cuando –en el momento más difícil del Período especial- el país tuvo que enfrentar la acelerada depreciación de peso cubano[2] que estaba provocando un grave proceso de desmonetización[3] para lo cual había que adoptar un conjunto de decisiones, pero evitando una devaluación tan abrupta de la moneda nacional que terminara con su desaparición.

Fue así que se decidió segmentar la actividad económica estatal dividiendo el mercado en dos partes: una en la que operarían aquellas empresas capaces de gestionar de forma rentable su actividad en divisas[4] y otra parte constituida por aquellas entidades que funcionarían solo en pesos cubanos, manteniendo la tasa de cambio oficial que fijaba 1 CUP = 1 USD e igual a una nueva moneda denominada peso cubano convertible o CUC[5] la que sería respaldada por las reservas en dólares del país.

Por otra parte, para las personas naturales se fijo una tasa de cambio de 1 CUC = 1 USD = 35 CUP en 1995, la que respondía a la cotización vigente en el mercado y que operaría a través de casas de cambio (CADECA)[6] creadas por el Estado en 1995. Paralelamente se autorizó la entrada legal de remesas al país en moneda convertible, las que se recaudarían en buena medida por el Estado a través de tiendas – denominadas tiendas de recaudación de divisas TRD- que venderían en CUC o USD a precios que incluirían un impuesto sobre la venta.

Este sistema mantenía la venta a la población a precios subsidiados de productos racionados en moneda nacional a través de la libreta de abastecimientos.

Estas medidas permitieron frenar la depreciación de CUP, evitando su devaluación y tuvieron un impacto positivo en la inversión extranjera, que pudo operar directamente en divisas sin exponerse a una posible pérdida oficial de valor de la moneda nacional. Pero –por otro lado- la medición de la actividad económica sufrió fuertes distorsiones al operarse en dos monedas con tasas de cambio diferentes y el dinero no recuperó todas sus funciones. También la población enfrentó una mayor diferenciación de ingresos, especialmente por el impacto de las remesas -que ya en 1995 alcanzaron unos 537 millones de dólares- e igualmente sufrió un descenso del salario real producto del incremento de precios de esos años.

La dualidad monetaria y cambiaria se concibió como una medida temporal e inevitable hasta tanto la economía se recuperara y pudiera asumirse una devaluación del CUP sin una situación incontrolable. Ya en el V Congreso del PCC de 1997 se acordó iniciar un proceso que permitiera normalizar el sistema monetario cubano.

Sin embargo, por diversos motivos, no es hasta el 2013 que se vuelve a plantear la necesidad de reunificar el sistema monetario cubano, pero dejando establecido que ningún actor económico o la población debían ser afectados.

Esta premisa impuso un fuerte desafío, ya que la indiscutible necesidad de devaluar el CUP frente a la moneda extranjera implicaba un incremento en el costo de la producción y los servicios, afectados por el aumento del valor de los productos importados.

Para evitar un aumento indiscriminado de los precios sería necesario o bien introducir fuertes subsidios en el presupuesto, o incrementar los ingresos de la población. Pero en cualquier caso, de no venir acompañado este proceso de un aumento de la oferta de bienes y servicios, se podría desatar una significativa presión inflacionaria.

Durante los últimos siete años múltiples han sido los estudios realizados para proceder al ordenamiento monetario con el menor costo social y económico posible.

No obstante, se arriba a este 2020 sujetos a la presión de crear las condiciones para recuperar un ritmo de crecimiento apropiado e impulsar una estrategia económica que asegure las transformaciones estructurales que nos lleven finalmente a un desarrollo sostenible. Nada de esto es lograble realmente si no se procede a ajustar nuestro sistema monetario y cambiario.

De tal modo se ha previsto un proceso gradual que incluye: la desaparición del CUC, la devaluación del CUP, la eliminación de gratuidades y subsidios indebidos, el ajuste del sistema de precios y la realización de una reforma del sistema salarial y de pensiones.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que nos encontramos en el peor momento posible de los últimos años para emprender esta tarea, debido al decrecimiento previsible del PIB este año y las afectaciones que todavía estarán presentes en el año 2021.

Es por eso muy importante que para enfrentar esta tarea se haya elaborado un pronóstico de comportamiento de las variables que intervienen en el proceso, lo que se ha realizado mediante una simulación matemática, pero la misma no puede garantizar que la realidad se comporte exactamente de acuerdo a lo previsto, por lo que hay que valorar los riesgos que se asumen frente a la incertidumbre. Adicionalmente debe resaltarse que los efectos señalados resultan transversales a toda la economía y toda la sociedad, a lo que se añade que una vez que se inicie este proceso el mismo no tiene retroceso.

De este modo, se impone repasar cuidadosamente los riesgos que el ordenamiento supone y cómo lidiar con ellos.

En primer término, un factor de riesgo se refiere a que en la percepción de la mayoría de la población se espera que con la reunificación monetaria y cambiaria se resuelven todos los problemas que causan hoy las escaseces, los altos precios y las insuficiencias en los ingresos, lo cual no se corresponde con la realidad. En verdad con esta medida se crean condiciones para que la economía funcione adecuadamente, incluyendo que se puedan aplicar regulaciones y estímulos que permitan estimular las exportaciones y restringir las importaciones, aumentar la producción, así como la retribución a los trabajadores, sobre la base de incrementar la eficiencia de la economía. Pero por sí mismo, el ordenamiento no crea un nuevo valor, aunque permite distribuir mejor lo creado.

En segundo lugar, la devaluación del CUP generará un incremento en el costo de los productos y servicios importados al ajustar el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en moneda nacional. Esto implica lo que se conoce como efecto de inflación que produce toda devaluación y que termina por elevar el precio de las producciones y servicios que se realizan en el país.

En este punto, si se establece que nadie resulte afectado, deberán incrementarse los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados. Para ello se parte de suponer un estimado de incremento de los precios, lo que –en nuestro caso- debe resultar inferior al aumento de los salario y pensiones, el que se ha calculado debe ser de 4,9 veces en los salarios y de 5 veces de las pensiones.

El riesgo aquí radica en que el aumento de los precios[7] sea mayor que lo previsto, especialmente en el caso del sector privado y cooperativo no estatal. Para evitar esto último se ha concebido realizar reducciones en el pago de impuestos de estos sectores y negociar que no se produzcan incrementos de precios más allá de lo calcularo.  Como salvaguarda en relación al incremento de precios de las mercancías que vende el Estado se ha establecido un número de bienes y servicios que se consideran esenciales y cuyos precios serán fijados centralmente.

Si esto no bastara para compensar el aumento de precios, será necesario aumentar los ingresos de la población más allá de lo programado originalmente, o bien establecer otros mecanismos de regulación más efectivos  en el caso del sector no estatal, pero evitando frenar su desarrollo racional.

En tercer lugar, existe el riesgo de que los aumentos salariales –aunque sean mayores que el incremento de los precios- no  estimulen los crecimientos de la productividad del trabajo y la eficiencia económica, o lo hagan insuficientemente. Si esto se traduce en una mayor insuficiencia en la oferta de bienes y servicios, ello repercutiría en una mayor presión inflacionaria y por tanto en un deterioro del ingreso real de la población.

Por último, quedan sin resolver dos problemas que van a incidir en la solución de los problemas monetarios que presenta el país.

El primero, se refiere al mercado de venta de productos y servicios en USD. Por una parte y como se ha explicado, se trata de una medida inevitable para mantener un nivel de satisfacción de un conjunto de necesidades para un segmento de la población que recibe remesas u otros ingresos directamente en divisas y poder reabastecer ese mercado. Por otro lado, es preciso que la operación de ese mercado permita asegurar una mayor oferta de productos en CUP –una vez que avance el ordenamiento-  para lograr la contrapartida con el incremento potencial de liquidez del resto de la población.

El segundo problema radica en que existe un segmento de la población que se plantea deberá enfrentar -sin compensación- la pérdida de poder adquisitivo de sus ahorros, que –según datos de la ONEI en 2018- alcanzaban 31 271 millones de pesos en la liquidez monetaria de la población, cifra que equivale al 91,6% de la retribución de los trabajadores de ese año.

En este sentido, se requiere un análisis más profundo que permita –como mínimo- una compensación parcial de ese impacto, al menos para el ahorro depositado en los bancos. Al respecto pudiera valorarse un incremento en la tasa de interés de esos depósitos a plazo fijo, indexado con el incremento del costo de la canasta básica; o una posible conversión de parte de ese volumen de dinero en fondos de inversión del país, que pudiera retribuirse en títulos de valor (acciones o bonos) u otra alternativa financiera factible.

De no adoptarse una decisión viable en este sentido, el impacto político de la situación planteada con el ahorro de la población puede repercutir muy negativamente en todo el proceso.

 (Continuará).

Referencias bibliográficas

[1] Ver Díaz Canel (2020).

[2] Esa depreciación se reflejaba en la pérdida de valor del peso cubano frente al USD en la economía informal.

[3] Se conoce como desmonetización al proceso mediante el cual el dinero deja de funcionar en la economía y es sustituido por el trueque entre mercancías en las transacciones entre la población. Así entre 1993 y 1994 este fenómeno se generalizó en todo el país, junto con la extensión de la economía informal y la bolsa negra.

[4] Este sector comenzó a ser denominado como sector emergente de la economía y el mismo financiaría con divisas al sector que solo funcionaba en pesos cubanos.

[5] El peso cubano convertible se creó en diciembre de 1994 mediante la resolución Nº 367/94 del Banco Nacional de Cuba.

[6] Las CADECA comenzaron a operar en noviembre de 1995 y fueron creadas mediante la resolución Nº 327/95 del Banco Nacional de Cuba.

[7] Los precios aumentarán por el incremento del precio de las importaciones, pero también por el crecimiento de los salarios en el sector estatal.

[8] Ver Granma (2020a).

Ver artículos anteriores:

José Luis Rodríguez
José Luis Rodríguez
Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). Fue Ministro de Economía de Cuba.

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