COLUMNISTAS

La Revolución Cubana y su tercer gran contrato o pacto social y político

Si afirmamos que este domingo asistiremos a la concertación de un gran contrato, el más hondo y esencial de cuantos hemos concebido en estos años en que la palabra se reubicó en las pasarelas noticiosas nacionales, por razones fundamentalmente económicas, no faltarán quienes miren con ojos de «que no puede creerse todo lo que te dicen».

Pero es perfectamente demostrable, desde el punto de vista filosófico, de la ciencia política y de la sociología, que este 24 de febrero los habitantes del archipiélago asistimos al tercer gran contrato social desde que triunfó la Revolución en enero de 1959, ateniéndose a la teoría del derecho, muy especialmente a la concepción iluminista de Jean-Jacques Rousseau.

La primera de esas extraordinarias concertaciones nació con la promulgación de la Ley Fundamental de la República de inicios de febrero de 1959 que, sedimentada en los preceptos de la avanzada Constitución de 1940, abrió paso a la serie de medidas revolucionarias que rompieron con el caótico, torcido y sumiso orden institucional burgués, para abrir el camino al nuevo orden justiciero revolucionario y a un cambio radical y acelerado de percepción acerca de los significados y alcances del ideal socialista.

Sin que ocurriera formalmente entonces un referendo aprobatorio —aunque las grandes movilizaciones y concentraciones populares aprobatorias podrían equiparárseles—, era muy claro que Cuba se sumía en un nuevo y volcánico pacto social que duraría hasta 1976.

En esa fecha —después de una larga etapa en la que la política prevalecería sobre el derecho, aunque sin su ausencia, porque toda revolución es fuente de este— los cubanos aprobarían en referendo su segundo gran contrato social del período socialista, porque ya el carácter de la Revolución había sido proclamado el 16 de abril de 1961.

El Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana sería aprobado el 15 de febrero de 1976 con la asistencia del 98 por ciento del electorado y con solo un uno por ciento de votos contrarios, expresión de los elevados niveles de consenso con los que contó siempre el proyecto político de la Revolución.

Desde esa inicial declaratoria —con un énfasis especialmente clasista— sobre el carácter del nuevo Estado a erigir, se perciben las señales inequívocas de la época. La Carta Magna proclamada entonces tuvo sus referentes fundamentales en sus homólogas de los países de la llamada comunidad socialista y especialmente de la Unión Soviética, aunque también estaría marcada por la singular impronta creativa de revolucionarios cubanos.

La desaparición del mundo que le daba aliento y sustento, junto a análisis rectificativos internos que se adelantaron a esa hecatombe política, aconsejaban la necesidad de una nueva concertación o pacto social en la Cuba del siglo XXI, para ofrecer viabilidad jurídica y sustrato institucional y constitucional a la nueva Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista surgida tras los masivos debates del 6to. y 7mo. congresos del Partido Comunista.

Desde el primer capítulo y artículo de la Constitución que ya obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que meditaremos en la soledad de la urna este domingo para recibir o no el consentimiento de la mayoría de los ciudadanos, se hacen visibles los signos de los nuevos tiempos.

Hay desde esta portada un carácter menos clasista y más ecuménico, al proclamarse ahora la construcción de un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.

Desde ese mismo artículo resaltan particularmente tres aspectos muy renovadores, algo que tipificará en otros muchos preceptos la voluntad política expresada en esta Constitución. El primero de ellos es la centralidad que se le ofrece al derecho, singularizado aquí por ser de naturaleza socialista. Le siguen por su interés la preminencia de la justicia social y del carácter democrático del Estado.

No olvidemos que entre lo moral, lo legal y lo legítimo se decide mucho de lo que aspira hoy la sociedad cubana. Emergiendo de una crisis que repercute en toda su estructura social e institucional, el país tiene ante sí el desafío de recomponer su tejido material y ético, su soporte simbólico.

Es preciso interrogarse, como lo hizo el Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro, en alguna de sus intervenciones ante el Parlamento: ¿Cómo es posible que en un Estado que por mandato constitucional y vocación revolucionaria y socialista representa los intereses populares una parte de la sociedad haya pasado a ver normal el robo a esa misma institución?

La pregunta es dura para un país que fundó una Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, como advirtió Raúl al describir otros males que hoy nos acechan, pero más rudas podrían ser las consecuencias de ignorarla.

No podemos olvidar que no faltan quienes, desde las filas contrarias a la Revolución, o incluso para intentar defender las rectificaciones y transformaciones actuales, intentan levantar con sus discursos y sus actos un extraño muro entre los intereses de los ciudadanos, con los del Estado que estos eligieron para representar la soberanía de sus intereses y los de su país.

Por ello es tan importante que la actualización económica y social en marcha, y que encontrará su definitivo visto bueno jurídico en la nueva concertación política nacional puesta a juicio del soberano en la presente jornada, permita superar asunto tan delicado, que erosiona el espíritu cívico y hasta de cierta manera la gobernabilidad, como señalan analistas.

En el país armonioso entre aporte social, ingresos y bienestar que buscamos cristalizar con la propuesta nacida de los debates de los congresos del Partido, las leyes deben ser tales que se puedan hacer cumplir, como nos recuerda Montesquieu.

También resulta singular el acento puesto en la vocación democrática del Estado que se proyecta. En fecha reciente habíamos señalado en estas páginas que la sola discusión de si esa palabra —con todos sus significados— debería aparecer en dicho modelo provocó abundantes debates. Muchos aludían que sobraba mencionarla cuando de socialismo se trata, porque el modelo que no sea democrático ya no es socialista.

Pero definitivamente se impuso la coherencia y la honestidad para reconocer que no todos los modelos que se proclamaron bajo esos ideales lo fueron, y que en nombre de sistemas que dijeron asumirlos se cometieron pecados incontables, aunque deba recordarse aquí aquella idea leninista de que las revoluciones en sí, como procesos, son sabias, inequívocas, quienes se equivocan son los revolucionarios.

Sobre este tema vale repetir que el edificio verdadero que debemos habitar en la democracia socialista nuestra es aquel donde se honre cada vez más el artículo tercero de la Constitución del 76, que se mantuvo en igual lugar en la que en este día se decide su pertinencia: «En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual emana todo el poder del Estado». En consecuencia, hay que continuar reconciliando nuestra institucionalidad política, estatal y gubernamental con los preceptos de la soberanía popular que marcan especialmente las aspiraciones del socialismo en el siglo que comienza.

Sobre este particular es válido destacar que la nueva estructura del Estado y su organización territorial planteada en la nueva Ley de leyes, así como la naturaleza de los órganos del Poder Popular, la amplitud de las formas de propiedad, los derechos y garantías, acentúan como nunca antes en la experiencia socialista cubana la importancia de los contrapesos, un tema en el que hasta este momento no ocurrieron las profundizaciones y autocríticas necesarias.

Y junto a todo lo anterior, es mucho y sumamente valioso lo que nos jugamos con el lugar donde marquemos este domingo en la boleta que depositemos en las urnas. Lo que estamos definiendo es la suerte del más relevante contrato o pacto social y político cubano del siglo XXI.

Convengamos, junto al Apóstol de todos nuestros sueños, en que nada es tan justo para alcanzarlo como la democracia puesta en acción.

(Tomado de Juventud Rebelde)

Ricardo Ronquillo
Ricardo Ronquillo
Periodista cubano. Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba.

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