Operación de la CIA cambió visión y
misión de la SIP
Tras una operación de
la inteligencia estadounidense en Quito, se creó en Nueva York
en 1950 el cartel de los grandes propietarios de medios de
comunicación del continente para suplantar en la práctica a la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización
panamericana legítima creada en La Habana en 1943, según
analizan los escritores Eva Golinger y Jean-Guy Allard en su
libro La agresión permanente publicado en el 2009.
Así se abrió una
deprimente historia de generación, promoción y control de la
información pública para encauzar las creencias y los valores de
las sociedades del sur en función de los intereses de los
gobiernos estadounidenses en Norteamérica.
Y no hizo más que
revelar los lazos y vínculos con el complejo militar-industrial
en avance hacia las altas esferas del poder, para dar lugar a
otro gran sistema de poder y dominación que ahora pudiera
llamarse el complejo-militar-industrial-financiero-comunicacional
(CMIFC), garante de las guerras de ocupación y de la
desestabilización en cualquier punto del globo terrestre,
logrando presentarlo todo ante las sociedades del planeta, y a
través de los medios de comunicación vinculados, como “victorias
del mundo libre”.
De acuerdo con el
investigador Ernesto Vera el complot creado por miembros de la
CIA en la reunión de la SIP en Quito, Ecuador, 1949, fue el
principio de un plan que buscaba que el departamento de Estado
norteamericano montara sus garras sobre en organismo defensor de
la libertad de prensa, para ser manejado atendiendo a los
intereses estadounidenses.
En la reunión
participaron tres personajes representantes de Estados Unidos,
de ellos dos eran altos oficiales de los servicios de
inteligencia; Jules Dubois y Joshua Powers, en compañía del alto
funcionario del Departamento de Estado Tom Wallace.
“Así que en el
congreso de Quito, a través de varias investigaciones,
hábilmente realizadas, Dubois y sus cómplices introducen como
propuesta que la reunión siguiente (1950) de la organización se
realice en territorio de Estados Unidos, en Nueva York. A pesar
del hecho que varios delegados desconfiaban de aquella
propuesta, una resolución en tal sentido finalmente se aprobó”,
según destacan Allard y Golinger en el citado libro.
El planteamiento de
los representes estadounidenses en la cita, orientado por la
CIA, continuó alcanzando sus objetivos pues no invitaron a este
encuentro en Nueva York a los periodistas de medios de
comunicación progresista o no les dieron visa, bajo pretexto que
eran comunistas, según relata Vera.
El caso más recordado
de esta componenda o complot lo sufrió Carlos Rafael Rodríguez
representante del periódico cubano Noticias de Hoy y miembro del
Partido Socialista de Cuba (Partido Comunista), quien es
detenido al acudir a la reunión en la capital estadounidense por
las autoridades migratorias.
Esta confabulación
planteada por los siempre agresores gobiernos de Estados Unidos,
sufre su verdadero efecto sobre la SIP pues los grandes
propietarios de medios, reunidos en Nueva York, cambiaron todos
los estatutos y los magnates de la prensa del continente se
convirtieron así en los “secuestradores de la libertada de
prensa”.
Vera recuerda que
cuando se creo la SIP en 1943 en La Habana, cada país tenía un
voto independientemente de la cantidad de órganos de prensa
afiliados.
El golpe fuerte de la
CIA, luego de lograr su reunión en Nueva York, fue que se aprobó
que en lugar de cada país, fuera que cada órgano de prensa
tendría un voto y así lograron convertir a la sociedad de países
en una sociedad de accionistas, un verdadero cartel de 424
afiliados.
Desde entonces, el
departamento de Estado de EEUU, apoderado a sus anchas de la SIP
en compañía de los magnates de la comunicación de la región no
ha cesado en su campaña mediática con montajes y
tergiversaciones de diversas índoles contra todas las causas
nobles de los pueblos que atenten contra los intereses del CIMFC,
en las cuales siempre contó con la participación de accionistas
venezolanos.
Como es ahora el caso
de Miguel Henrique Otero, principal accionista del periódico
venezolano El Nacional, y que aparece en la estructura de la SIP
como vicepresidente en una de sus comisiones ejecutivas
dedicadas a defender a los medios de comunicación que a diario
inundan de mentiras sus artículos y notas contra los procesos
sociales dirigidos hacia lograr una mayor independencia y
desarrollo, como es el proceso bolivariano en Venezuela, la
revolución cubana y la revolución boliviana, el proceso
sandinista y la revolución ciudadana en Ecuador.
Incluso, en varios
foros se afirma que Otero fue uno de los principales
instigadores comunicacionales, a fines del 2001, a cometer actos
insconstitucionales en Venezuela como fueron los paros
patronales de ese año, el golpe de Estado de abril del 2002, el
paro petrolero de fines de ese año y principios del 2003, entre
otros hitos de su decadente carrera.
Grabaciones radiales,
televisivas y archivos de hemerotecas guardan fehacientes
pruebas de todo ello.
Muchos hechos en los
últimos 30 años confirman las peores sospechas y denuncias sobre
la SIP, incrementadas a partir de haberse creado la Federación
Latinoamericana de Periodistas (Felap) en 1976, una organización
que consideró desde sus inicios que “el derecho a la información
veraz es un derecho social”.
Por suerte –dijo un ex
presidente de la Felap-, cada día hacen menos daño los grandes
monopolios de la información porque “cada dia crece más la
conciencia crítica sobre el papel de los medios en las
sociedades de nuestros países”.
En el transcurso de
las seis décadas, la SIP jugó un papel vergonzoso. Intervino en
los asuntos de la Unesco, para defender el control de la
información por la empresa privada; participó en la propaganda
sucia contra el gobierno democrático de Salvador Allende hasta
su derrocamiento por golpe de Estado.
Mantuvo férreo control
de las informaciones emanadas de la OEA; se calló durante el
golpe contra Chávez; se dedicó a posicionar imágenes y símbolos
terroristas contra Cuba; penetró la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a través de sus órganos de prensa y comités de
trabajo; y restringe la información sobre los constantes
asesinatos de periodistas en Honduras y en Colombia, entre otros
lamentables hechos.
(Fuente
ABN)