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La vivienda, una de las urgencias de la población, demanda mejores condiciones en las oficinas de trámites en Ciego de Avila

 

El mal estado de los muebles y la falta de espacio para los archivos es una constante en las oficinas (Foto: Alejandro García)

Desde el 5 de enero de 2015, las direcciones municipales de Planificación Física (IPF), comenzaron a asumir los trámites de la población relacionados con la vivienda, según lo estableció el Decreto-Ley No. 322, modificativo de la Ley General de la Vivienda.

Con esa medida, se buscaba concentrar en una sola oficina el grueso de los especialistas encargados de dar respuesta a las tramitaciones y preguntas más acuciantes de los ciudadanos: licencias de construcción, certificados de habitables, asignación de terrenos estatales y traspaso de derechos de solares yermos y azoteas, entre otras.

Previo a la entrada en vigor de la normativa, Diana Rosa Suárez, jefa del Departamento de Trámites y Atención a la Población del IPF, informó a Juventud Rebelde que “para asumir estas nuevas funciones se ha realizado un profundo proceso de capacitación a todo el personal que se encargará de las mismas”.

Por ahora no vamos a cuestionar si, efectivamente, los facultados para agilizar y viabilizar “el papeleo” necesario en estos casos, en la práctica, han resultado todo lo eficientes y solícitos que deberían, teniendo en cuenta que la vivienda es una de las urgencias del pueblo.

No obstante, las experiencias reflejadas en el diario Granma poco más de un año después de la aplicación del Decreto-Ley 322, hablan de “deficiencias en la calidad del servicio, incompetencias y falta de profesionalidad, tanto en oficinas como en direcciones de la Vivienda”, además de un elemento no despreciable, relacionado con la desinformación de las personas que requieren de estos servicios y que acuden a las instancias erróneas o sin la documentación completa.

Aunque la oficina de Ciego de Ávila no es la de peores condiciones, imágenes parciales del techo adelantan lo que se podría encontrar en el resto de los municipios Fotos: Alejandro García

Si los grupos de trabajo en cada municipio avileño han conseguido, o no, cumplir con las expectativas y demandas de la población, podría quedar ahora en el campo de lo subjetivo, y es tema para un próximo comentario. De momento nos detendremos en algunas condiciones objetivas que podrían echar por tierra las buenas intenciones.

Las direcciones municipales de Planificación Física se subordinan a la Dirección Provincial, y esta a su instancia superior, desde el punto de vista de su sostenimiento económico e infraestructural dependen de los gobiernos locales, una dicotomía que ha sido puesta en solfa en varias ocasiones.

La más reciente aconteció en una reunión de trabajo del Consejo de la Administración Provincial (CAP), en la que salieron a relucir las deplorables condiciones materiales de todas las oficinas de trámites del territorio.

Si decimos que en algunas de estas entidades los propios trabajadores deben llevar las sillas para sentarse, que no hay agua potable, faltan mesas de trabajo y muebles para los archivos, que los especialistas están hacinados en pequeñas habitaciones, la iluminación y ventilación son escasas; y que no en todos los municipios hay un espacio destinado a la atención a la población, no piense que exageramos.

Con fotos para despejar cualquier duda, se presentaron a la citada reunión, los especialistas de la Dirección Provincial de Planificación Física y fueron tan elocuentes que desde la máxima dirección del CAP llegó la confirmación de que estas oficinas son las de peores condiciones dentro del sistema de los organismos globales del Poder Popular.

Pero a la falta de recursos —varias de las instancias municipales ni siquiera tienen presupuestado en el año en curso montos para la reparación y el mantenimiento—, es menester sumarle ciertas dosis de abandono pues, como trascendiera en ese foro en voz del propio presidente, “no somos tan pobrecitos que no podamos garantizar un mínimo de condiciones: un poco de pintura, repello para las paredes, tanques para almacenar el agua”.

A las oficinas de trámites de la vivienda que ahora rectora IPF, les traspasaron las funciones de otras instancias, pero no les aumentaron las asignaciones de recursos para satisfacer de modo cabal las solicitudes de la ciudadanía. Sería demasiado injusto juzgar el desempeño de esas personas, si antes (o durante) no se resuelven las carencias más elementales. Dicho lo dicho, solo queda hacer.

Sayli Sosa Barceló / Invasor

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