Comercio de armas: un derecho al revés

Jorge Gómez Barata

Hubo un tiempo en el que las armas de fuego en poder de la población norteamericana fueron una necesidad; las circunstancias crearon el derecho y ambos dieron lugar a un negocio que lucra con un anacronismo y conduce a la paradoja de que las escopetas, revólveres y pistolas en manos de los estadounidenses ya no son parte de la solución sino de un problema que, favorecido por el TLC ha sido exportado a México.

Debido a la vigencia de fuerzas que se benefician con un multimillonario negocio, cada vez que es promovido el debate en torno a las armas a las que comercialmente, con requisitos mínimos y virtualmente sin control, tiene acceso la población norteamericana, se invoca un derecho consagrado por la Constitución que ejerce un efecto automático y paralizante. Lo extraño es que en un país de leyes, no se examine el asunto y se profundice a la luz de la contextualización del derecho.

Las leyes y las constituciones en el estado de derecho se asumen como lo que son: creaciones humanas concebidas para dar respuesta a situaciones concretas. Los legisladores no redactan sagradas escrituras, sino leyes y  constituciones que son aplicadas con la certeza de que el paso del tiempo y los cambios que el progreso supone, plantearan nuevas necesidades en virtud de las cuales unas leyes caerán en desuso, otras serán enmendadas y hará falta nuevas.

La Constitución Norteamericana entró en vigor en 1790 y menos de un año después, para reparar una colosal omisión, se le introdujeron, en bloque, de una vez, las diez primeras enmiendas, conocidas como: Declaración de Derechos. La Segunda  de aquellas enmiendas sostiene que: “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas”. Aquella Constitución, la primera y la única que se ha mantenido vigente a lo largo de más doscientos años, fue resultado de circunstancias históricas que explican su contenido.

La fundación del Estado norteamericano fue resultado de un esfuerzo unitario que, mediante la revolución y la negociación, conducidas por una esclarecida vanguardia política, logró integrar las 13 colonias existentes en una Nación. Aquellos enclaves, cada uno de los cuales pudo haber sido un país y que existían, en algunos casos desde hacía más de 150 años atrás, se forjaron a partir de pequeños grupos de colonos que, durante décadas, vivieron aislados los unos de los otros.

A diferencia de lo ocurrido en Hispanoamérica, la colonización en América del Norte, no estuvo respaldada por la presencia de ejércitos de ocupación ni por grandes presupuestos para construir castillos y fortalezas. Los colonos norteamericanos, fueron puñados de hombres y mujeres desperdigados en millones de kilómetros de suelo virgen que, aislados y en condiciones de precariedad extrema fueron sumamente vulnerables.

Cuando Estados Unidos no poseía ejército, policía ni tribunales y el gobierno no estaba en condiciones de proveer la seguridad de los ciudadanos en tan vastos, inhóspitos y hostiles territorios, era lógico que la Constitución de la Nación, consagrara el derecho de sus ciudadanos a poseer y utilizar armas de fuego. Aunque parece ocioso es preciso recordar que las armas del siglo XVIII eran incomparablemente menos letales que las existentes en la actualidad.

La rápida anexión de nuevos territorios, algunos de ellos violentamente arrebatados a los indios y a México, especialmente la Conquista del Oeste,  fueron procesos excepcionalmente violentos en los cuales, junto a los laboriosos colonos, prosperaron las pandillas de ladrones de ganado, tierras y asaltantes de caminos, de los cuales era preciso defenderse.

Por unas y otras razones, el país se convirtió en un paraíso para los fabricantes y comerciantes de armas que, con el tiempo devinieron formidables grupos de presión, que movilizan inmensos recursos en la labor de lobby destinada a impedir legislaciones que regulen o limiten la libertad de poseer y vender armas. Entre ellas la más poderosa es la Asociación Nacional del Rifle (NRA) fundada en Nueva York en 1871 y que posee casi cinco millones de asociados.

La Asociación Nacional del Rifle, que hasta hace poco fue el organismo rector de los deportes con armas de fuego en los Estados Unidos, dedica importantes recursos a la promoción de las armas, cuenta con programas de radio, espacios en televisión y sitios en Internet, organiza cursos para todas las edades con especial énfasis en los niños, jóvenes y mujeres, promueve competencias locales y nacionales y respalda a las agencias privadas de seguridad.

No sólo por su solvencia económica, sino por la relevancia de sus asociados la NRA es la más influyente de las organizaciones norteamericanas de cabildeo con especial impacto en el Congreso y la Casa Blanca.

A la luz de la comprensión científica del Derecho y del sentido común es absurdo que, dos siglos después, cuando han desaparecido las causas y condiciones que dieron lugar a la norma constitucional que protege la tenencia de armas de fuego, todavía se le invoque y se le manipule para sostener un negocio que, en lugar de contribuir a la seguridad ciudadana atenta contra ella.

Amparándose en un precepto ostensiblemente anacrónico superado por el tiempo y por las circunstancias, en Estados Unidos se mantienen prácticas excesivamente liberales para la tenencia y el uso de armas de fuego, que permiten el lucrativo negocio de las armas.

Amparados en esas reglas, legitimas en épocas de Búfalo Bill, Wyatt Earp y Jesse James, no sólo millones de ciudadanos poseen armas de fuego, sino que también acceden a ellas todo el espectro de asesinos y delincuentes, narcotraficantes, tratantes de blancas y a contrabandistas que en calidad de mayoristas, las exportan a México donde fomentan el crimen, paradójicamente protegidos por la más antigua y avanzada de las constituciones liberales.