Venezuela: otros espectros (II)

Jorge Gómez Barata

De haber gobernado hace 100 años Hugo Chávez pudo haber inventado  las regulaciones para administrar el espectro radioeléctrico. No ocurrió así y ahora carga con la responsabilidad de ordenar el caos introducido en su país.  

En los 60 años que corren entre 1844 cuando Samuel Morse inventó el telégrafo, hasta principios del siglo XX momento en que la radio se consolidó como medio de difusión masiva, se generalizaron la telegrafía con o sin alambre, las comunicaciones telefónicas y la radiodifusión.  

En ese mismo período se desarrollaron los trasatlánticos de carga y pasajeros, los ferrocarriles, los ejércitos, las armadas, la policía, la Cruz Roja y la defensa civil. Se fomentaron las transacciones financieras a distancia, tuvo lugar la Primera Guerra Mundial y millones de personas se habituaron a utilizar el telégrafo y el teléfono para necesidades particulares.  

El éter se llenó de señales y se ocuparon todas las frecuencias. Tan impresionante desarrollo hizo necesarias regulaciones precisas, exactas y obligatorias, tanto a escala nacional como mundial. En ese contexto aparecieron las autoridades de comunicaciones y radiodifusión.   

Desde su surgimiento hasta hoy, a escala nacional, la radiodifusión ha seguidos dos modelos de desarrollo.  

El primero y más liberal es el norteamericano que privilegia la actividad comercial. Como en otras áreas, al dejar hacer al mercado, originalmente se creó un caos que marchó en dos direcciones: la proliferación de emisoras que se interferían unas a otras y la tendencia de unos propietarios a absorber a otros creando situaciones de monopolio. Ambos problemas obligaron a legislar sobre el particular.  

En 1927 en Estados Unidos se adoptó la Radio ACT, creándose la Comisión Federal de Radio, denominada luego, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). En aquella oportunidad, debido a que no había frecuencias para todas y era preciso cubrir otras necesidades de la sociedad y del Estado, salieron del aire decenas de plantas, en primer lugar las que tenían situaciones irregulares.  

La Ley de Radio y otras instancias jurídicas posteriores, atribuyeron  al Estado norteamericano representado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el papel de autoridad única para administrar el espectro radioeléctrico y fungir como árbitro encargado de distribuir las frecuencias radioeléctricas, regular la potencia de los transmisores, controlar los patrones de antena y fiscalizar el contenido de las programaciones, de modo que se atengan a las reglas éticas y morales predominantes en la sociedad. Debido a la naturaleza federal del sistema político norteamericano la mayoría de las regulaciones tienen carácter estadual, difiriendo de unos estados a otros.  

Desde el principio, ateniéndose a las experiencias de la prensa escrita  que la precedió, la radio norteamericana se financió con la venta de espacios, es decir, tiempo en el aire a particulares, empresas, organizaciones, instituciones culturales, partidos políticos y al propio Estado y con la introducción de  publicidad. Los patrocinadores son un invento yankee.  

En Europa, debido, entre otras cosas, al monopolio que originalmente ejerció Guillermo Marconi y a la Primera Guerra Mundial, la radio tuvo un crecimiento tardío y no fue hasta alrededor de 1922 que se desarrollo siguiendo el modelo británico que la consideró un servicio público controlado y supervisado por el Estado, práctica vigente hasta hoy, cuando, a pesar de los retrocesos neoliberales, con métodos de gerencia y dirección modernos y básicamente democráticos, la radio europea es un interés y un área donde la participación del Estado sigue siendo decisiva.  

A diferencia de Estados Unidos, la radio en Europa originalmente se financió mediante el cobro de impuestos a los poseedores de los receptores, sistema todavía vigente en algunos países y por el cobro de tarifas a las instituciones que emiten programas de carácter culturales o interés publico. En algunos países la radio recibe apoyo económico de fuentes públicas y los dirigentes de los órganos rectores son aprobados por los parlamentos.  

La idea de que pueden existir “latifundios radiales”, que las frecuencias radioeléctricas se pueden heredar, comprar y vender juntos con los locales y los artefactos de las plantas de radio y que el Estado nada puede hacer ante semejantes desmanes es pedestre y primitiva, propia del subdesarrollo que supone el control de la oligarquía que, como aquel rey francés quisiera poder decir: “El Estado soy yo”.  

De eso se trata la batalla de Chávez, no tanto de apoderarse del espectro radioeléctrico, sino de poner orden, hacer prevalecer el interés social y lograr que los medios de difusión masiva asuman con altura su papel. Ojalá sus colaboradores sepan como lograrlo. En definitiva él no puede hacerlo todo y unas chapucerías no se corrigen con otras.