Guatemala: Periodistas y comunicadores víctimas de amenazas y censura en primer trimestre de 2012

Regina Pérez

Un caso de censura empresarial, señalamientos a comunicadores de actuar fuera de la ley, amenazas, restricción de acceso a las fuentes y demandas por injuria en contra de un matutino fueron, algunas de las agresiones que el Observatorio de los Periodistas de Cerigua registró en el primer trimestre del nuevo gobierno de Guatemala, tras haber reportado 33 agresiones contra la prensa en 2011.  

En enero el periodista Carlos Salgado, del semanario El Defensor en Retalhuleu, denunció que era víctima de desprestigio en una red social por un anónimo que creó una cuenta con su nombre en donde difundía frases que le atribuía al comunicador como “estafo a quien se deja estafar”; la denuncia fue interpuesta al Ministerio Público.  

A finales de enero, trascendieron algunas denuncias de periodistas en redes sociales donde señalaron a directores del diario oficial Diario de Centroamérica y la radio Nacional TGW de una supuesta violación a la integridad de los trabajadores de dichos medios.  

Supuestamente se había dado la orden a los trabajadores de no abandonar el edificio hasta “nuevo aviso” y que se les había recogido los celulares; los directores de ambos medios desmintieron dicha versión al Observatorio e indicaron que se había desarrollo un procedimiento administrativo de rutina. 

En Jalapa, al oriente del país, el periodista Víctor Espino denunció haber sido amenazado de muerte por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando daba cobertura a un accidente que dejó cuatro víctimas mortales; la amenaza provino debido a que Espino no respetó la cinta amarilla y la fiscal del Ministerio Público (MP) ordenó que la prensa fuera retirada del lugar.  

La prensa también criticó que el presidente del Congreso, Gudy Rivera, dispusiera impedir el ingreso a la prensa a las reuniones de la Junta Directiva y de los jefes de bloque; debido a las críticas el Congreso dio marcha atrás a dicha disposición.  

En febrero,  el comunicador social del Comité de Unidad Campesina (CUC), Ricardo Busquets, denunció de manera pública que el viceministro de Gobernación, Julio Clavería, lo señaló de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado durante la liberación de tres agentes retenidos por campesinos en la aldea Regadío, Quiché; Busquets realiza trabajo voluntario en esa organización y acudió al lugar a documentar los hechos, ya que según el CUC la retención se había realizado por problemas de tierra en esa zona.  

A finales de febrero Chimaltenango, tres corresponsales de Prensa Libre, Nuestro Diario y Al Día, fueron víctimas de agresiones verbales y materiales por la directora del Centro Preventivo de la localidad, quien les negó información sobre la condición de los reos del lugar.  

 La Embajada de Suecia en Guatemala difundió un comunicado en donde señaló a los periodistas Sylvia Gereda y Pedro Trujillo de difamarla en un reportaje de Informe Especial, en el que señalan a la Embajada de financiar organizaciones que actúan al margen de la ley en el país; los profesionales de la información negaron que hayan difamado a dicha Embajada y señalaron que la información difundida se basó en fuentes documentadas.   

Jóvenes del Grupo Intergeneracional que transmitían un programa radial en la Radio Nuevo Mundo denunciaron haber sido víctimas de censura, cuando se les canceló la emisión de su programa debido a que abordarían el tema de la campaña de la empresa Pepsi, Guatemorfosis, en la que harían una crítica sobre el contenido de la campaña.  

De acuerdo con el Grupo Intergeneracional el programa fue cancelado por presiones de dicha empresa; Robledo señaló que la radio prefería no fijar postura sobre este hecho y negó que la emisora haya incurrido en censura.  

A mediados de marzo el alcalde capitalino Álvaro Arzú demandó al diario Prensa Libre por injuria a la libre emisión del pensamiento, argumentando que una información publicada en la página web del medio, donde se afirmó que un terreno donde hubo una accidente laboral que dejó cinco trabajadores soterrados, era propiedad de la familia Arzú. 

De acuerdo con el jefe edil, dicha publicación injuriaba a sus familiares, quienes podrían ser criticados por los lectores del medio, lo que dañaría su reputación y sus relaciones sociales. 

En este período el Congreso discutiría una iniciativa de ley, la 4328, que buscaría la reforma a la Ley de Acceso a la respecto al artículo 23 del artículo quinto sobre  información reservada; la iniciativa pretende clasificar la información relacionada con asuntos diplomáticos y militares de reservada a confidencial lo que originó la crítica de varias organizaciones de la sociedad civil; la discusión del proyecto de ley en el Legislativo ya no se realizó.  

(Fuente: Agencia Cerigua)